Encabezados por Luis Miguel Barbosa Huerta, los senadores del PT–Morena demandaron al Congreso de la Unión integrar una comisión bicamaral que investigue al Gobierno de Puebla, para conocer el uso que ha dado al equipo de espionaje que adquirió durante la administración del PAN de Rafael Moreno Valle Rosas.
No resulta para nada fuera de lugar la solicitud de los representantes populares izquierdistas, como tampoco es sorpresivo que el morenovallismo se haya dedicado a espiar a activistas, periodistas, luchadores sociales, adversarios políticos, disidentes y críticos.
Lo que sí es inexplicable y aun más inmoral que el fisgoneo de un gobierno a ciudadanos libres –lo que resulta más reprobable que el espionaje político, para dejarlo claro- es que los aparatos de inteligencia, la tecnología, el personal y las inversiones millonarias no se hayan dedicado por igual a intervenir las comunicaciones de criminales.
¿Y de qué criminales? Pues ahí están, por mencionar algunos ejemplos, los líderes de las bandas dedicadas al robo de hidrocarburos en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), los llamados huachicoleros que asolan y han hecho del llamado “triángulo rojo”, una verdadera zona de excepción por la violencia que han desatado.
Están también los secuestradores, los mandos policiacos involucrados con el crimen, los funcionarios y empresarios sobre quienes siempre se ha sospechado que incurren en actos de corrupción imperdonables.