Fragmento del artículo Políticos y policías, escrito por el Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan, 22 de mayo de 2017.
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Lo que constatamos en los hechos es que las corporaciones policiales no son la fortaleza de un estado democrático, mucho menos son baluartes de la legalidad. Tampoco son escudos de una sociedad deseosa de vivir en paz. Son una amenaza grave para la misma sociedad porque forman parte de la delincuencia institucionalizada. Su rol de policías lo utilizan para arremeter contra la población, para abusar de la fuerza que le dan las armas que portan. Causan temor y desconfianza, porque actúan con total opacidad, sin que respeten la cadena de mando. No hay controles internos, ni rendición de cuentas. No hay medidas disciplinarias, como tampoco respeto a sus derechos laborales. Trabajan durante varios días y noches seguidas, sin compensación económica ni días y noches de descanso. Carecen de recursos materiales, financieros y humanos para operar adecuadamente. En varios municipios los mismos policías tienen que comprar sus uniformes, sus botas y hasta las municiones que utilizan. Desde el jefe máximo se solapa la extorsión, las exacciones ilegales, las mordidas, las multas excesivas, la tranza y los negocios turbios. La seguridad es una minita de oro que puede expandirse en todos los ámbitos de la sociedad, en la medida que se establecen vínculos con quienes viven del crimen. Los mismos policías ante la precariedad económica y ante la falta de fuentes de empleo, también se vuelven rehenes tanto del político que a cambio del trabajo le demanda lealtad política y complicidad en los negocios turbios, como con la delincuencia que le compensa económicamente a cambio de su complicidad y colusión. La corrupción que impera en nuestras instituciones es el caldo de cultivo que permite que proliferen los negocios ilícitos al interior de las estructuras gubernamentales creadas para combatir los delitos.
atrás hay una decisión política; cuando un policía inicia funciones sin haber pasado por un curso básico adecuado, atrás hay una decisión
(…) Lo que se trama dentro de los separos de las corporaciones policiales, se reproduce de forma maquillada en los palacios de los gobernantes. Las prácticas de corrupción que se han institucionalizado en las corporaciones policiales son copia fiel de lo que realizan los jefes policiales y los jefes políticos con sus empresas fantasmas o sus socios prestos para delinquir. El maltrato con el que están acostumbrados a dar a la población es parte del despotismo político de sus superiores. Los tratos crueles e inhumanos, así como la tortura que aplican a los detenidos, son prácticas arraigadas de un sistema político que utiliza la fuerza letal para abatir a sus enemigos o para reprimir a quienes protestan y denuncian las tropelías de los gobernantes. Lo que hoy sucede en el estado de Guerrero con las corporaciones policiales no es un problema aislado, de algunos municipios. Tampoco es un fenómeno reciente, nos remite a los años cruentos de la represión masiva de los caciques contra una población insumisa. Nos rememora a comandantes y policías temerarios, que de pistoleros de los caciques alcanzaron el rango de comandantes y jefes policiacos, especialistas en torturar, amenazar y matar a quienes se atrevían a participar en la política y a promover la conformación de otras instituciones político electorales. El policía, iletrado, desalmado, experto en practicar la tortura y acostumbrado a esquilmar a la población para compartir con sus jefes el dinero extraído a la población pobre, se ha transmutado en el policía que se colude con el crimen organizado, pero que es producto de una clase política que llegó al extremo de la corrupción y también se ha tornado parte de un sistema macrodelincuencial, donde los intereses económicos se han colocado por encima de los intereses de la sociedad, de sus demandas más sentidas, de justicia, equidad, igualdad, desarrollo, seguridad y respeto a los derechos humanos. Con el sistema globalizador del libre mercado la economía criminal se empotró en las estructuras del poder político. Impunemente se consintió que las actividades ilícitas se lavaran con los negocios lícitos y se enquistaran dentro de las estructuras gubernamentales grupos de poder que han medrado con los recursos públicos para afianzar sus intereses político delincuenciales.
El caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala y las 6 personas asesinadas, es la condensación de una acción concertada a gran escala donde tuvieron responsabilidad autoridades políticas del estado, miembros del ejército, policías federales, ministeriales y municipales. Todo el aparato represivo del estado que se coludió con los grupos del crimen organizado para arremeter contra los normalistas de Ayotzinapa y proteger los intereses macrodelincuenciales, que se han gestado por décadas en nuestro estado.
La masacre de El Charco no se olvida
La masacre de El Charco en 1998 marcó a la región entre la Montaña y la Costa Chica guerrerenses que se centró en el municipio de Ayutla de los Libres como un territorio que disputan los pueblos Ñu Savi y Me pha’a y mestizo frente al Estado, las empresas mineras y a sus grupos de sicarios dedicados al narco, a la extorsión y a atemorizar a las comunidades.
A 19 años, los sobrevivientes de la masacre y sus familias, hijos y nietos de los asesinados, presos, torturados, se mantienen organizados y cuentan con su Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria CRAC-PC, con su Casa de Justicia de El Paraíso apenas a tres kilómetros de El Charco, así como a comunidades y colectivos con proyectos que defienden su territorio, y la vida a un acoso insistente como un plan de guerra los pueblos de esa región.
Nuevamente exigen castigo y justicia contra los que ordenaron la masacre de junio de 1998, así como la inmediata libertad a los presos detenidos por el ejército en su allanamiento a la Casa de Justicia de El Paraíso en agosto de 2013. Que ha sido recuperada por las comunidades para su protección y como parte de sus medios para que crezca la conciencia y la organización comunitarias desde su propia determnación.
Grupo paramilitar de la UPOEG asesina a 6 en San Pedro Cacahuatepec, bebé y otro menor entre las víctimas
La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación por el homicidio de seis personas asesinadas, entre ellos dos menores de edad, en San Pedro Cacahuatepec, en la zona rural de Acapulco.
La tarde del viernes 9 de junio varios hombres armados llegaron a las viviendas ubicadas en el punto conocido como “brecha de la Ceiba” y dispararon contra sus habitantes. Indicó que al llegar al lugar de los hechos, elementos de la Policía Federal localizaron los cuerpos sin vida de seis personas: tres del sexo femenino de 37, 24 y 45 años de edad, y tres del sexo masculino un bebé de 4 meses, 17 y 45 años de edad.
Además, localizaron a tres personas heridas: una del sexo femenino de 8 años de edad, una del sexo masculino de un año y una de once años de edad, quienes fueron trasladados a un hospital de Acapulco, donde reciben atención médica.
Sin embargo la hermana de la madre del bebe asesinada y otros vecinos del lugar identificaron a los Policías Ciudadanos de la UPOEG como los asesinos, quienes además robaron 20 mil pesos de la casa de la hermana y otros más de las casas cercanas a las que esculcaron y saquearon. Los de la UPOEG mantienen un retén en la carretera Acapulco-Pinotepa cercano a esta comunidad y enfrentan con armas de alto poder a los opositores de la presa La Parota, apoyando además a los gravilleros afectados por la defensa comunitaria que hacen los del CECOP. Si bien, al que encabezaba este crimen en San Pedro Cacahuatepec se le identifica como “Daniel”, el encargado en la zona de la Policía Ciudadana de la UPOEG es el exmilitar Ernesto Gallardo acusado muchas veces de paramilitar incrustado en las autodefensas que surgieron para dividir a la Crac- PC de la Montaña y Costa Chica guerrerenses y para imponer un control gubernamental en varias regiones de Guerrero.
La tarde del 9 de junio se presentó Marco Antonio Suástegui, dirigente del CECOP, para enterarse de los hechos y deslindarse de este asesinato, una masacre más en ese estado. en cambio Bruno Plácido dirigente de la UPOEG negó un día después que la UPOEG haya cometido una masacre y solo admite que los muertos cayeron “entre dos fuegos” el de la UPOEG y el de unos supuestos extorsionadores. Es difícil creer esta última versión cuando la UPOEG ha violentado a muchas comunidades y hasta ahora ha salido impune.
(Nota de El Zenzontle para la revista Comunera, número 22, junio de 2017)