Fuentes del ayuntamiento de San Pedro Cholula confirmaron que el Centro Médico San Gabriel no cuenta con permisos de las autoridades municipales y estatales para funcionar.
En 2016 informaron que la administración de José Juan Espinosa Torres suspendió al Centro Médico San Gabriel y siete clínicas de salud más en el municipio, por carecer de permisos básicos, como dictámenes en materia de protección civil, licencias de funcionamiento y por derecho de uso de suelo.
En ese entonces, el secretario general de la Comuna, Ignacio Molina Huerta, declaró que en San Pedro Cholula fueron detectadas en total ocho clínicas de salud que operan sin permisos, debido a que sus propietarios no tienen interés de regularizarse con el pago de impuestos.
A pesar de la situación, precisaron que el Centro Médico San Gabriel opera en la localidad, luego de obtener un amparo de la justicia federal.
Después de una revisión exhaustiva, las autoridades municipales determinaron que en la mayoría de los casos estos establecimientos no contaban con licencia de funcionamiento.
“Por lo menos cinco están tramitando sus permisos, uso de funcionamiento; y las fallas más recurrentes son la falta de uso de suelo y la licencia de funcionamiento”, afirmó Molina.
El funcionario municipal aclaró a medios de comunicación que no se trata de clínicas clandestinas, sino que históricamente no realizaron los procedimientos legales.
Lo anterior, sostuvo, pese a que los derechos ya estaban considerados en la Ley de Ingresos municipal desde el pasado.
Una de las clínicas clausuradas fue la de San Gabriel, y su administrador, el médico Gildardo Tolama Muñoz, refirió que la Comuna realizó esta acción de manera arbitraria, pese a contar con los permisos correspondientes y argumentando la omisión en el uso de suelo.
Incluso, en su momento denunció a los medios de comunicación que el actuar de las autoridades tenía un trasfondo político.
Esto debido, aseveró, ya que uno de los doctores de la institución, Domingo García Salas, supuestamente ganó un amparo para suspender la expropiación de un inmueble, instruida por el cabildo.
Finalmente el secretario general del ayuntamiento refirió que no se trate de una situación de este tipo, luego de argumentar que no todos los establecimientos que han sido notificados, cumplieron en tiempo y forma con la documentación requerida.