En las posiciones teóricas predominantes, siempre adjudican a la crisis a problemas de sobreendeudamiento del sector público, sin reconocer que es la crisis, y el bajo crecimiento económico lo que termina aumentando el monto de la deuda, y de ahí que crece el costo de la misma, que obliga a contraer el gasto e inversión pública para poder cubrir el pago de la misma. Y se frena el crecimiento.
La deuda es buena porque potencia la capacidad de gasto e inversión, a fin de impulsar la actividad económica, lo que incrementa el ingreso de los que recurrieron en deuda, a fin de que puedan cubrir el pago de la misma. Cuando la deuda no se usa para el impulso de la actividad económica, o fomenta un crecimiento que incrementa importaciones y el déficit de comercio exterior, termina no generando efectos multiplicadores internos, por lo que el ingreso nacional (y de los deudores) no aumenta, por lo que se complican las condiciones de pago, y se cae en deuda para pagar deuda. Se aumenta así su monto, como la relación de endeudamiento, es decir, la relación que la deuda tiene con el PIB.
La deuda del sector público pasó de ser 3.1 billones de pesos en diciembre de 2010 a 9.2 billones en abril de 2017, manifestando por lo tanto un crecimiento promedio anual de 19.9 por ciento. La actividad económica del país solo creció en tal periodo en 2.6 por ciento promedio anual y muestra una tendencia decreciente. Ello evidencia el mal uso que se ha hecho del endeudamiento del sector público. Dicha deuda no ha sido para incrementar la inversión pública. Por el contrario, ésta tuvo una caída de 7.6 por ciento promedio anual en dicho período. La emisión de deuda pública interna ha sido para esterilizar (evitar la monetización de) la entrada de capitales que va al mercado de dinero, como de capitales, los cuales son funcionales para alcanzar el superávit de cuenta de capitales para viabilizar la apertura económica y mantener la estabilidad cambiaria, a lo que se suma la deuda pública externa.
La deuda externa del sector público a fines de 2016 se ubicaba en 181 mil millones de dólares, a lo que hay que sumar el hecho que 42.4 por ciento de la deuda pública interna está en manos de inversionistas extranjeros, que aprovechan la alta tasa de interés (6.75 por ciento) que ésta ofrece, en relación a la tasa de interés de los países desarrollados que fluctúa entre 0 y 1 por ciento. Esta última cantidad equivale a 113.6 mil millones de dólares, por lo que la deuda del sector público que está comprometida con inversionistas extranjeros es de 294.6 mil millones de dólares. El problema es que la economía enfrenta déficit de cuenta corriente de balanza de pagos, por lo que no genera divisas para asegurar el reembolso de dicha deuda y además cada vez son menores los flujos de capital al país, y el consecuente superávit de cuenta de capitales para hacer frente a tales obligaciones
La mayor parte del gasto del sector público es gasto corriente (para el pago de salarios, insumos, bienes y servicios para la función pública), y aumenta la importancia del gasto que se canaliza a cubrir el pago del servicio de la deuda pública, lo que se realiza a costa de contraer el gasto de bienestar social y la inversión pública y comprometer el crecimiento presente y futuro de la economía.
En el primer trimestre de 2017, el costo del servicio de la deuda pública se incrementó en 44.3 por ciento en relación a igual periodo de 2016, debido al alza de la tasa de interés, que incrementa el costo de la deuda interna, como por la devaluación, que encarece el costo de la deuda externa en término de pesos. Esas mayores erogaciones, y el propósito del gobierno de tener superávit primario en las finanzas públicas, llevaron a que la inversión pública siguiera disminuyendo, manifestando una caída de 21.7 por ciento en los primeros tres meses del año, en relación al mismo periodo del año anterior. Ello desacelera la actividad económica, lo que reduce la recaudación tributaria, debido a que ésta es función del ingreso nacional. Al dejar de crecer éste, disminuye la captación tributaria y continúan las presiones sobre las finanzas públicas, y la respuesta gubernamental de mayores recortes al gasto para alcanzar el superávit fiscal para cubrir el pago de la deuda.
La preocupación del gobierno es ser bien vistos por los acreedores, a costa de frenar la actividad económica, de acentuar la privatización de la economía, y dejar de satisfacer las demandas de empleo y bienestar de la sociedad. El gobierno, al dejar de cumplir el papel rector e impulsor de la actividad económica, no solo ha frenado la actividad económica, sino ha acentuado el deterioro del nivel de vida de la mayoría de la población y las desigualdades de ingreso y de riqueza, lo que se ha traducido en mayor violencia que compromete la seguridad nacional.