Todas las bancadas del Congreso de Puebla asumieron el compromiso de incorporar en el marco normativo del estado el concepto de violencia política contra las mujeres, en medio de reclamos de la diputada del PRD Socorro Quezada Tiempo hacia todas “las estructuras de poder en Puebla” por permitir las agresiones contra las representantes del género femenino que compiten por espacios de poder o los ocupan.
Quezada refirió como ejemplo los ataques que enfrentaron las tres candidatas a la gubernatura en el proceso comicial pasado, así como el caso de las regidoras Ruth Zárate Domínguez y Ruth Rodríguez Huerta, quienes han constatado ante instancias nacionales actos de misoginia por parte del edil de Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce.
Ayer, la coordinadora de la fracción del PT, Lizeth Sánchez García, propuso reformas al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado y a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de incorporar disposiciones contra todo acto que limite la participación del género femenino en el ámbito político.
Los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza, PVEM, Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración se adhirieron a la iniciativa, para que sus disposiciones queden aprobadas antes del arranque de la elección local de 2018.
¿Qué es la violencia política de género?
“La violencia política en razón de género es la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político–electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función del poder público.
“Se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género”, se puede leer en el artículo 2 bis de la iniciativa de reforma al código electoral.
Entre las acciones que configurarán violencia política en razón de género se encuentra proporcionar información o documentación incompleta o errónea con el objeto de impedir el ejercicio pleno de los derechos, así como impedir o restringir su incorporación al cargo o función para el cual ha sido nombrada o elegida.
En la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se propone incorporar todo un capítulo sobre la violencia política, donde se establece que el Instituto Electoral del Estado (IEE) se integrará al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.