El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián dio a conocer que antes de junio estará operando en Puebla el Atlas de Riesgo para Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos. La Fiscalía General del Estado (FGE) coordinará con la autoridad federal.
Lo primero que hay que decir sobre este anuncio es que es una verdadera tomada de pelo: ¿Para qué sirve un mapa de zonas de riesgo para informadores y activistas en la apología de las garantías universales?, ¿para que conozcan las zonas en las que ya de por sí trabajan?, ¿para que eviten laborar en ellas?, ¿para que las compartan en sus redes sociales?
En este espacio y desde otros medios de comunicación se ha expresado que la demagogia institucional ya ha llegado a niveles de hastío entre el gremio periodístico y la sociedad civil.
Esta vez, de nueva cuenta se da a conocer un instrumento que resulta desde su concepción inútil.
Porque si de lo quese trata es de enviar un mensaje desde el gobierno para garantizar la integridad de periodistas y defensores de derechos humanos, entonces las autoridades deben comenzar por resolver todos y cada uno de los asesinatos contra profesionales de ambos gremios y castigar con todo el rigor de la ley a los homicidas materiales e intelectuales, sin reparar en pretextos.
Solo la captura y encarcelamiento de los asesinos de periodistas y defensores de Derechos Humanos puede dar un mensaje certero y digno de crédito sobre las promesas con los que políticos se llenan la boca.