En protesta, burócratas rescindidos del sexenio de Rafael Moreno Valle quemaron de manera simbólica en la explanada del Teatro Principal varios libros de la autoría del ex gobernador, quien hoy busca a toda costa una candidatura presidenciable.
“La fuerza del cambio es el libro de las mentiras, en el que no habló del despilfarro de recursos públicos, del endeudamiento y la inseguridad en el estado, así como la causa del despido de cerca de 14 mil trabajadores de su administración”, se leyó en un comunicado.
La manifestación fue convocada por el movimiento Digna Resistencia que encabeza el abogado Abelardo Cuéllar y el ex líder sindical Marco Antonio Manzano.
Esto ocurre en memoria del sexto trabajador despedido de manera injustificada, quien falleció en el mes de abril pasado.
Como parte de la manifestación se pasó lista a los burócratas que fallecieron, sin recibir finiquito ni pago de prestaciones.
Estos fueron José Luis Hernández Montiel, de la Secretaría del Transporte; Andrea Vidal Bello, del Registro Público de la Propiedad en Teziutlán, y Raúl Montoya Herrera, del Colegio de Bachilleres.
Además de José Luis Ortiz Aragón, director General de Gobierno; Julio Conteras Tobón, de la Secretaría de Gobernación; y Leticia de la Llave Vega, de la Secretaría General de Gobierno–Dirección General del registro civil.
Tras el pase de lista se procedió a un minuto de aplausos, y después al acto luctuoso en silencio.
Debido a que se trató de una actividad a la memoria de los fallecidos, los trabajadores no hicieron uso del micrófono ni aparatos de sonido, tampoco rindieron declaraciones a los medios de comunicación.
En el escrito difundido a los reporteros, se lee que gracias a Digna Resistencia se frenó el despido masivo de 300 trabajadores del gobierno del estado, que ya estaban bajo amenaza de rescisión de contrato.
En defensa de sus derechos, se informó que a algunos se les agilizó la pensión o jubilación, y a los empleados del Cecap se les ofreció una indemnización, y a otros trabajadores más se les defiende legalmente para su reinstalación.
Los agraviados acusaron de la dirigente sindical Rosalía Barranco Aguilar permitió que despidieran injustificadamente mil 500 trabajadores, violentando con ello sus derechos laborales considerados en los estatutos y la Constitución Política del Estado.
Mientras que a algunos burócratas con enfermedades crónicas o sus familiares, hijos con discapacidad, a consecuencia de la falta del servicio médico perdieron la vida.
Por último, acusaron que desde el año 2015 no han tenido aumento salarial para los trabajadores, pensionados ni jubilados.
“La dirigencia sindical tampoco ha rendido cuentas, no las ha transparentado, y aun así Rosalía Barranco pretende ampliar su gestión”, revelaron.