El juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla otorgó la protección a cuatro pueblos de origen nahua del municipio de Atlixco, y ordenó a las autoridades realizar una consulta indígena objetiva e informada sobre la construcción del Gasoducto Morelos en las faldas de volcán Popocatépetl.
Los pueblos afectados que interpusieron el juicio de garantías número 402/2015 contra la obra que ejecutó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fueron San Jerónimo Calera, Santa Lucía Cosamaloapan, San Isidro Huilotepec y San José El Recreo.
En entrevista, la abogada Patricia Montaño, a cargo de la defensa legal, destacó a La Jornada de Oriente que este amparo sienta precedente en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, donde atraviesa el gasoducto.
Por lo tanto, informó que la consulta ciudadana tendrá que efectuarse en las más de 60 comunidades que se encuentran sobre la traza del gasoducto, proyecto que se dio a conocer en 2011 en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas.
Montaño informó que el proceso legal fue largo, y la justicia a favor de los pueblos llegó 2 años y cinco después de presentar el amparo.
“Se necesita fe, esperanza y paciencia para que la justicia en México dé una señal que está viva. El proceso comenzó a desahogar pruebas periciales un año después, en agosto de 2016, para que hasta ahora se diera el fallo del juez a finales de abril”, expuso.
Reveló que esta tardanza se debió a que se efectuaron al menos ocho pruebas periciales, que robustecieron el fallo que tomó el juez de distrito.
Entre ellas, citó las pruebas de Geofísica, Protección Civil, Antropología e Impacto Ambiental, además de la información técnica que proporcionó el Centro Universitario para la Prevención de Desastres (Cupreder) de la Universidad Autónoma de Puebla.
Enfatizó que estas pruebas evaluaron el doble riesgo de los pueblos que cercan el volcán. Primero la posible erupción del Popocatépetl, y en segundo término la explosión del gasoducto.
Patricia Montaño explicó que el juez se fundamentó en el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre el principio “pro homine” o “pro persona”, que consiste en que cualquier autoridad debe interpretar la norma en el sentido que más favorezca a las comunidades.
En ese sentido, dijo que la norma que utiliza el juez de Distrito no fue si quiera de la Constitución, sino el Artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), acerca de los derechos de los pueblos indígenas y tribales.
“El juez considera que las cuatro comunidades de origen nahua y, por lo tanto, las autoridades antes de iniciar el procedimiento para la construcción del gasoducto, tenían que haber realizado una consulta indígena a la población, cosa que no sucedió”, refirió.
Por el contrario, la abogada señaló que la autoridad impuso el proyecto en un contexto de violencia y usó la fuerza pública de manera desmesurada contra los pueblos opositores al gasoducto.
“Es así como resuelve el juez, otorgando el amparo para efecto que se realice la consulta indígena de manera informada y objetiva”, expuso.
Agregó que el foco principal de esta consulta, es que “se dijeron muchas mentiras a cerca del proyecto, orquestadas por la propia CFE”.
Una vez que se realice una consulta indígena, manifestó, es como se va a reponer el procedimiento, a partir de lo que opinen las comunidades de la zona del volcán Popocatépetl en la parte de Atlixco, respecto al proyecto.
-¿Hay una fecha para la realización de la consulta? –se le preguntó.
-Todavía no, los tiempos legales son muy lentos.
Ahora lo que hizo la Concesionaria Gasoducto de Morelos fue impugnar la resolución, por medio del recurso de revisión, que se llevará cinco o seis meses.
“Dependiendo de lo que se resuelva, tengo mucha esperanza que se confirme la resolución, es como se implementará la consulta”, comentó.
-En este momento, ¿está parada la operatividad del gasoducto?
-Están paradas las actividades. Existen otros amparos promovidos por la parte de Tlaxcala y Morelos, y eso fue lo que detuvo el proyecto.
En Atlixco –informó- pudimos ver físicamente y dar fe que el tubo ya está tendido y enterrado, pero todavía no inicia su operación, y no van a operar hasta que el proceso jurídico se resuelvan.