Era previsible la actuación violenta del Ejército Mexicano que patrulla los municipios poblanos estigmatizados como del ‘triángulo rojo’, pues se ha comprobado que su presencia permite la actuación violatoria de derechos humanos como sucedió en Ayotzinapa y Nochixtlán, afirmó el sociólogo de la Universidad Autónoma de Puebla, Carlos Figueroa Ibarra.
Así lo consideró después de que pobladores de Palmarito Tochapan difundieron un video de una cámara de seguridad que grabó los hechos violentos de la noche del 3 de mayo, en las imágenes aparecen miembros del Ejército Mexicano disparando contra civiles, también se aprecia la posible ejecución de un hombre, quien yace en el suelo después de haber sido sometido, y habría recibido el tiro de gracia por parte de un militar.
Derivado de las imágenes el sociólogo indicó que lo que hizo el Ejército es lo que sucede cuando contingentes policiacos entran supuestamente a controlar situaciones sin que haya un estado de derecho, y consideró que México es un país que está casi en una situación de estado fallido.
Figueroa señaló que la situación de desarreglo institucional que vive el país permite la actuación violatoria de derechos humanos, como sucedió en Ayotzinapa, en donde está confirmado por la verdad, que no es la verdad oficial, la participación de las fuerzas armadas en ese evento.
Recordó que una situación similar se presentó en Nochixtlán, Oaxaca, cuando entraron a romper el bloqueo de carretera las fuerzas policiacas sin cumplir los protocolos disuasivos previos de carácter no armado, y que se deben cumplir antes de hacer la disolución de un bloqueo carretero.
En Nochixtlán las policías entraron a matar directamente, esos son los testimonios que me refirieron los pobladores. Esto es muy probablemente lo que pudo haber sucedido en Palmarito Tochapan, indicó el también secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la dirigencia nacional del partido político Morena.
Desde su perspectiva, no se puede atacar de forma militar y punitiva un problema como el robo de combustible, el cual ya es un problema político, social y económico.
Considero que las soluciones punitivas para los problemas delincuenciales muy complejos son absolutamente inútiles, y lo que dan origen a unas situaciones de riesgo enorme de violaciones de derechos humanos, precisó en entrevista con esta casa editorial.
Al abundar en el delito del robo de hidrocarburo, ilícito en el que Puebla ocupa el primer lugar, recordó que durante la administración de Rafael Moreno Valle la ordeña de combustible creció un 3 mil por ciento, y aseguró que no es ninguna casualidad.
Esto implica una complicidad de las autoridades del Estado para que esto suceda, ahí es a donde se debe dirigir los ojos y aplicar los correctivos necesarios y no estar pensando una vez más, que con el envío de dos mil soldados a la zona se va a resolver el problema, agregó
Señaló que la situación social que se vive en los municipios en donde se registra el robo de gasolina se ha visto en diversos lugares de América Latina, donde el crimen organizado actúa y derrama dinero en la zona, incluso lo hace para crear cinturones de protección para sus actividades ilícitas.
Prueba de esto, dijo Figueroa, fue el bloqueo a la carretera después de los hechos en Palmarito, en donde había población indignada, indignación muy probablemente derivada de todos los abusos que cometieron los contingentes policiacos y militares que entraron a la zona, pero también porque es gente que está involucrada en contexto de deterioro del campo, de una situación de pobreza y en una derrama económica que es inevitable que les llegue.
Esto, por supuesto lo digo midiendo cada una de las palabras que digo, porque lo que menos quiero es que, como está sucediendo ya, se criminalice a la población diciendo que es toda la población forma parte de la red de delincuencia y se olvide de quienes son, en verdad, los causantes de toda esta problemática, concluyó.