Según la Encuesta Intercensal 2015, publicada por el Inegi (reportada por La Jornada, el 30 de abril de 2017), un tercio de los hogares del país con niños, enfrentan problemas de inseguridad alimentaria, lo que implica que no tienen acceso a alimentos para satisfacer las necesidades básicas mínimas para su desarrollo, lo que pasa a tener secuelas para toda su vida. Ello afecta su rendimiento escolar, como laboral, lo que los condena a trabajos improductivos de bajos salarios, por lo que seguirán pobres el resto de su vida, y reproduciendo la desnutrición a sus hijos.
Asimismo, el Inegi informa que 8.4 por ciento de los niños, niñas y adolecentes menores a 17 años (2 millones 475 mil 989), realiza una actividad económica, de los cuales 89 por ciento efectúa una actividad económica no permitida, y 60 por ciento realizan actividades peligrosos para la salud, además de ser super–explotados. 42.5 por ciento no reciben ingreso por su trabajo y los que ganan un salario mínimo trabajan entre 40 y 48 horas a la semana.
36 por ciento de los adolecentes entre 12 y 17 años no asiste a la escuela, lo que actúa en detrimento de la formación de capital humano necesario para el crecimiento económico, y para la mejora de las condiciones de vida de la población, lo que los condena al atraso y marginalidad, como a ser caldo de cultivo para el crimen organizado.
Tal situación no es preocupación de quienes nos gobiernan. El objetivo de ellos es ser bien vistos por el gran capital, como por los acreedores internacionales, por lo que priorizan objetivos de superávit fiscal, para generar el ahorro necesario para el pago de las deudas. Para conseguir dicho ahorro fiscal, contraen la inversión pública, como el gasto de bienestar social, lo que restringe el crecimiento económico, la generación de empleo, como los servicios públicos necesarios para mitigar los problemas de pobreza en que viven millones de mexicanos.
En los discursos gubernamentales no están presentes objetivos de aumento de empleo bien remunerado, ni de incremento de salarios, ni de garantizar la soberanía alimentaria del país (para no depender de importaciones de granos básicos, que nos coloca en un contexto de alta vulnerabilidad en torno al precio internacional de éstos, como al abastecimiento de los mismos), como el objetivo de asegurar la seguridad alimentaria en cada familia, para evitar los problemas de desnutrición evidenciados por los propios datos oficiales, a fin de garantizar el desarrollo sano de cada connacional, para que contribuya mejor al avance del país.
Los problemas de miseria y desnutrición, como las grandes desigualdades de ingreso y de riqueza existentes, son problemas de seguridad nacional y no son atendidos por las políticas predominantes, sino por el contrario, los agudizan. Tales problemas atentan sobre la estabilidad económica, política y social del país, y recrudecen los problemas de violencia y delincuencia. Al no contar el país con suficiente capital humano sano y capacitado, atenta sobre el crecimiento productivo presente y futuro. La propia desigualdad del ingreso y el creciente número de pobres y desnutridos, reduce el crecimiento de demanda y del mercado interno, lo que frena el crecimiento económico, la generación de empleo, como de los salarios, reproduciendo el círculo vicioso en que nos encontramos, de bajo crecimiento –mayor desigualdad del ingreso– bajo crecimiento, que conlleva la mayor violencia y delincuencia.
En el debate de los candidatos a la gubernatura al estado de México, todos hablaron de la necesidad del mayor número de policías para combatir la delincuencia existente en dicho Estado, pero no hablaron de política de empleo bien remunerado, ni de incremento de salarios y de disminuir la desigualdad del ingreso existente. Con esos candidatos, con esos gobernantes que tenemos, el país desgraciadamente seguirá de mal en peor, lo que compromete la seguridad nacional, que no se resuelve con el ejército en las calles, sino con mejores condiciones de vida para las grandes mayorías del país, para lo cual se requiere un cambio radical de la política económica predominante, que ningún partido plantea, y esto debe estar en el debate nacional ahora y no esperar 2018, pues tampoco en las elecciones presidenciales hay cuestionamiento alguno a las políticas económicas predominantes, pues todos los candidatos quieren ser bien vistos por los grupo de poder, que no quieren cambio alguno de la política económica que los favorece.