El Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil puso en evidencia las trabas que ha empleado el Congreso de Puebla y la Auditoría Superior del Estado (ASE) para alargar el juicio contra el ex presidente municipal del PAN Eduardo Rivera Pérez.
La omisión de las autoridades estatales quedó en evidencia en el acuerdo del 25 de abril que emitió el juzgado en cuestión, en el que amenazó con multarlas de seguir incumpliendo los requerimientos del Poder Judicial de la Federación en el litigio que inició el ex edil en contra de la inhabilitación que le impusieron.
El Congreso, la Auditoría Superior del Estado y la Comisión Inspectora incumplieron con remitir copias certificadas de todas las constancias que integran el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 131/2016, así como todas las relativas al acto reclamado.
“Siguen aplicando un criterio político a los procesos legales de la cuenta pública 2013 al afectar los tiempos, violando el derecho a tener una justicia pronta y expedita”, censuró a su vez Eduardo Rivera, actual delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN en el estado de México.
Otorga al Congreso tres días para entregar la documentación
El juzgado confirió a los órganos legislativo y de fiscalización tres días para cumplir con la entrega de la documentación pendiente, pues es “indispensable para resolver el presente juicio de amparo”. El plazo comenzará a contar a partir de que sean notificados sobre el acuerdo tomado.
Si las instancias estatales desatienden la determinación del Poder Judicial, éste les impondría una multa de 50 unidades de medidas de actualización (UMA) que equivalen a 3 mil 774 pesos.
De todas las áreas responsables, el juez señaló que sólo la Dirección Jurídica de lo Contencioso de la ASE presentó el informe requerido. Ante la ausencia de la información restante, agregó, determinó diferir la audiencia programada el martes pasado al 24 de mayo próximo.
“Continúan apartados de la legalidad”, reprocha Rivera
Eduardo Rivera fijó postura a través de un comunicado en el que manifestó que la actuación del Congreso y la auditoría superior refuerza que “continúan apartados de la legalidad y del debido proceso”.
El Poder Legislativo sancionó al ex alcalde panista el 7 de abril pasado, al aprobar por mayoría de votos su inhabilitación de la función pública durante 12 años, así como una multa de 25 millones de pesos. Lo acusa de perpetrar un daño patrimonial de 12 millones 798 mil 508 pesos durante 2013.
Rivera promovió el juicio de amparo al denunciar que el Congreso, la ASE y la Comisión Inspectora actuaron por consigna del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, quien pretende impedir su postulación como candidato del PAN a Casa Puebla en 2018, para ceder la nominación a su esposa, Martha Érika Alonso Hidalgo.