La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI expulsó a José Alarcón Hernández, quien fue uno de sus principales operadores políticos en Puebla, debido a que asumió la representación de un partido antagónico del tricolor ante el Instituto Electoral del Estado (IEE).
En la misma sesión, el órgano interno suspendió los derechos partidistas del diputado federal Alejandro Armenta Mier, debido a que apoyó el pacto de unidad que promueve el presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador.
José Alarcón no se va solo del Revolucionario Institucional, pues con su expulsión se ordenó también la del ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés y la del ex senador de Nayarit Raúl José Mejía González.
José Alarcón exhibe su cercanía a Moreno Valle
Desde el 21 de febrero pasado, José Alarcón rindió protesta como representante del partido Compromiso por Puebla (CPP) ante el IEE, fuerza política aliada del PAN que fundaron operadores del ex gobernador albiazul Rafael Moreno Valle Rosas.
El nombramiento de Alarcón ante el órgano comicial corroboró las versiones de su buena relación con Moreno Valle, las cuales datan de su paso por la delegación de la SEP al inicio del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, donde recibió críticas por permitir que el entonces mandatario poblano lucrara políticamente con la entrega de tabletas que costeó la federación.
Tras rendir protesta de cargo como representante de CPP, Alarcón justificó su decisión en que ha sido relegado en los últimos años. “Me dejaron ahí (…) en el abandono”, reprochó el ex presidente del Revolucionario Institucional a nivel estatal.
La fama de José Alarcón como operador electoral se afianzó en los comicios del 27 de noviembre de 1983, cuando garantizó el triunfo de Jorge Murad Macluf como presidente municipal de Puebla, pese a que el ánimo electoral se inclinaba a favor del abanderado del PAN Ricardo Villa Escalera. El aspirante albiazul denunció que fue víctima de un fraude electoral.
En el caso de Armenta, la suspensión de derechos se impuso por denuncia del coordinador de la bancada tricolor en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz. Se trata de una medida cautelar que se mantendrá en tanto la Comisión Nacional de Justicia Partidaria resuelve en definitiva su situación jurídica dentro del instituto político.