Al cierre de estas líneas, en la Cámara de Diputados se planteaba aprobar la llamada #LeyTelevisaDöring para modificar los derechos de las audiencias, específicamente aquellos que se refieren a que “se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión” y al aportar “elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa”, así como diversas atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
En este contexto, es necesario recordar que en el olvidado Pacto por México, se había planteado la creación de una instancia ciudadana que supervisara la contratación de publicidad gubernamental en los medios de comunicación, así como establecer un límite al ejercicio de dicho gasto. Al día de hoy, de dicho compromiso nada. Ni instancia, ni límite.
El único avance que hemos tenido ha sido en materia legislativa. Con la promulgación de la Ley General de Transparencia se estableció como una obligación de transparencia (es decir aquella que debe ser pública sin que medie una solicitud de información) el que se transparenten los gastos en publicidad oficial.
A partir del próximo 5 de mayo, los sujetos obligados a nivel federal, estatal y municipal, deberán publicar “los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña”, según la fracción XXII del artículo 70 de la mencionada ley.
El asunto no es nada sencillo. Transparentar los montos de los convenios que celebran gobiernos y medios de comunicación puede no agradar tanto a políticos, que han encontrado en el uso de estos recursos una medida para promoverse personalmente y para callar medios incómodos, como para los medios de comunicación que se han beneficiado de estos presupuestos anteponiendo los recursos sobre el periodismo. Ahí está el ejemplo del golpeteo que está en marcha en contra del gobierno encabezado por Javier Corral.
Sin embargo, transparentar dicha información es una oportunidad que puede beneficiar al derecho a la información. Para los gobiernos es una oportunidad para generar confianza ante la sociedad y rendir cuentas. Como señalaba arriba, el presupuesto de destinado para dicho rubro ha sido utilizado por algunos gobernantes para promoverse personalmente a partir de la difusión de sus logros de gobierno. Por ejemplo el caso Peña Nieto–Televisa. El transparentar cuánto y a quiénes se destinan los recursos públicos puede ayudar a entender la información y las opiniones vertidas en los medios de comunicación.
Para los medios de comunicación es la oportunidad para que esos recursos, que son resultado de las recaudaciones públicas, sean distribuidos manera más equitativa, sin que sirva como mecanismo beneficiar a los medios denominados “oficialistas” o para “asfixiar” a los medios incómodos, como se documentó en Puebla. Ayudaría a generar una competencia informativa más equitativa y donde se pueda privilegiar el contenido periodístico sobre los nexos económico–políticos.
Para los ciudadanos, lectores y audiencia de los medios de comunicación, es una oportunidad para conocer cómo se gastan los recursos que aportamos todos y sobre todo para vigilar el comportamiento entre medios y funcionarios (o gobiernos) cuya relación en ocasiones atenta contra el derecho a la información al hacernos pasar publicidad como información periodística.
Transparentar los gastos en comunicación social ayudaría a reducir esos espacios que permiten la publicidad encubierta, eso que hoy los diputados quieren eliminar. La oportunidad está sobre la mesa, depende de la voluntad política el contribuir a fortalecer el derecho a la información de los ciudadanos.