Martes, marzo 19, 2024

Elia Tamayo exige renuncia del fiscal Anticorrupción de Puebla

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Elia Tamayo Montes, madre del niño asesinado por policías estatales en Chalchihuapan durante una represión al pueblo en 2014, exigió la renuncia de Enrique Flota Ocampo como fiscalía Anticorrupción de Puebla, a un día de su nombramiento directo por el fiscal del estado, Víctor Carrancá Bourget.


Nos sentamos varias veces a la mesa con el señor, se ganó nuestra confianza, y al final nos utilizó y recibe su premio. Que pongan una persona con dignidad, reclamó.

La declaración fue emitida la mañana de este miércoles en el campamento que mantienen desde hace casi 60 días los pobladores de Jolalpan frente al Congreso de Puebla, para exigir la revocación del mandato del alcalde Antonio Javana García.

Elia Tamayo estuvo de visita en el plantón para dar su respaldo y solidaridad a la comunidad de Jolalpan.

 

 

En rueda de prensa, externó su sorpresa por el nombramiento de Flota Ocampo como fiscal, al referir: “el señor tomó un puesto más elevado, y no se vale”.

Por lo que exigió a las autoridades que el nuevo fiscal debe defender al pueblo, conocer sus problemas, pero no utilizarlos para tapar las “porquerías” del gobierno en turno.

Siento un gran descontento, no se vale que se aprovechen de nosotros, acotó Tamayo.


En los últimos tres años del sexenio del panista Rafael Moreno Valle, esta mujer fue víctima de su gobierno y a pesar de su escasa formación escolar por su pobreza, Elia enfrentó con coraje y resistió con dignidad el autoritarismo violento que dominó la gestión.

Además sufrió una larga serie de agravios y presiones, como el del propio Enrique Flota, para deslindar al gobierno morenovallista del asesinato de su hijo José Luis Tehuatlie Tamayo.

Enrique José Flota Ocampo, fiscal General Jurídico de Derechos Humanos y atención a Víctimas del Delito, ofreció una disculpa pública, como parte de la recomendación de la CDH, a Elia Tamayo y a pobladores de Chalchihuapan por las lesiones y muerte que provocó la mala actuación y desempeño de elementos de la Policía Estatal durante un operativo para liberar la autopista a Atlixco que permanecía bloqueada por inconforemes al retiro del registro civil.
Enrique José Flota Ocampo, fiscal General Jurídico de Derechos Humanos y atención a Víctimas del Delito, ofreció una disculpa pública, como parte de la recomendación de la CDH, a Elia Tamayo y a pobladores de Chalchihuapan por las lesiones y muerte que provocó la mala actuación y desempeño de elementos de la Policía Estatal durante un operativo para liberar la autopista a Atlixco que permanecía bloqueada por inconformes al retiro del registro civil.

Con Flota Ocampo como fiscal Jurídico frente al caso Chalchihuapan, el gobierno de Rafael Moreno Valle gozó de impunidad, porque a la fecha no hay nadie en prisión purgando una condena por el asesinato del menor de 13 años de edad.


Elia Tamayo estuvo respaldada por pobladores de Chalchihuapan, así como del abogado Hilario Gallegos y de Araceli Bautista, madre del ex presidente auxiliar Javier Montes Bautista, quien estuvo en prisión por dos años acusado de ser el único responsable del brutal operativo policía contra la población.

Los hechos ocurrieron el 9 de julio de 2014, cuando un grupo de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan bloqueó la autopista Siglo XXI, que comunica a la ciudad de Puebla con Atlixco, para exigir la reapertura de las oficinas del Registro Civil en su comunidad.

La protesta no fue exclusivamente del pueblo de Chalchihuapan sino una movilización simultánea en distintas Juntas Auxiliares del estado, que resultaron afectadas por las modificaciones a la Ley Orgánica Municipal y del Registro Civil promovidas por Moreno Valle.

Las modificaciones a la Ley dejaron a 640 comunidades sin el servicio del Registro Civil, mientas que los cambios legislativos les quitaron facultades al presidente auxiliar de la representación de juez de paz, Ministerio Público alterno, así como el control de la policía local.

En mayo de 2014, el Congreso de Puebla aprobó la llamada “Ley Bala” que continúa vigente, también a iniciativa de Moreno Valle. Con ello permitió en el estado el uso de armas no letales para el desalojo de manifestaciones sociales.

Aunque esta misma ley marcaba un protocolo de llamados al diálogo y de negociación antes de recurrir a cualquier método coercitivo, en la investigación que realizaron peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) quedó demostrado que el desalojo violento fue ordenado cuando la manifestación era pacífica y no se habían agotado las posibilidades de un acuerdo.

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