Jueves, marzo 28, 2024

GATOPARDISMO LEGISLATIVO

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El Congreso de Puebla dio marcha atrás a la reforma constitucional que se encuentra impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por 16 municipios de Puebla, los cuales la tacharon de ser una artimaña jurídica del gobierno estatal con la que pretendió retirarles la facultad de administrar el servicio de agua potable para privatizarlo en toda la entidad.

 

La iniciativa surgió como propuesta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, en la que tienen representación todas las bancadas, y se presentó para suprimir el apartado que generó la inconformidad de los ayuntamientos.

 

Sin embargo, en una entrevista ayer con esta casa editorial, la diputada local y dirigente estatal del PRD, Socorro Quezada Tiempo, aseguró que la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo reculó para evitar que el  máximo tribunal del país, corrigiera la plana nuevamente al Congreso de Puebla

 

Es así, que el decreto que reforma el Artículo 12 Constitucional no es la que abre la puerta a la privatización del agua en el estado, sino la Ley Estatal del Agua, la cual  se aprobó en 2013, para arrebatarle el control del líquido al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) y hace posible que en los hechos el recurso ya esté privatizado en la capital del estado y varios municipios conurbados.

 

Es necesario entonces exigir a los diputados que modifiquen la norma en comento para que el agua ya no se encuentre privatizada en la Angelópolis y otras localidades.

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