Miércoles, abril 24, 2024

Da marcha atrás el Congreso a la reforma que permitía la privatización del agua

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El Congreso de Puebla dio marcha atrás a la reforma constitucional que se encuentra impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por 16 municipios de Puebla, los cuales la tacharon de ser una artimaña jurídica del gobierno estatal con la que pretendió retirarles la facultad de administrar el servicio de agua potable para privatizarlo en toda la entidad.

La iniciativa surgió como propuesta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, donde tienen representación todas las bancadas, y se presentó este día para suprimir el apartado que generó la inconformidad de los ayuntamientos.

La corrección se propone sobre la fracción sexta del artículo 12 de la Constitución local, donde se establece que “el Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”.

En la iniciativa, turnada a comisiones para su revisión, el artículo 12 fracción sexta quedaría como sigue: “Las leyes se ocuparán de (…) proteger el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento al agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

 

Los municipios calificaron la enmienda de inconstitucional

Los municipios que se inconformaron ante la SCJN calificaron la reforma aprobada el 6 de enero pasado de inconstitucional debido a que Carta Magna del país cede a los ayuntamientos la facultad de administrar el recurso hídrico, no al gobierno estatal que a su parecer es aludido en la enmienda con la palabra “Estado”.

Encabezados por el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, las acciones jurídicas las promovieron Izúcar de Matamoros, Tehuacán, Tlacotepec, Altepexi, Zinacatepec, Chilac, Tlaltenango, Zoquitlán, Chiautla, Ajalpan, Coxcatlán, Coronango, Juan C Bonilla, Soltepec y Mazapiltepec.

Espinosa afirmó en múltiples pronunciamientos que la reforma constitucional formó parte de un proyecto que se impulsa desde el sexenio pasado de Rafael Moreno Valle Rosas para ampliar la privatización del agua de la zona metropolitana del estado al resto de la entidad.

 

La iniciativa busca terminar con la desinformación: Jorge Aguilar

El presidente de la Junta de Gobierno, Jorge Aguilar Chedraui, dio a conocer que la corrección se aprobará en sesión extraordinaria el próximo mes, al tiempo de rechazar que ésta busque frenar las controversias constitucionales que promovieron los ayuntamientos.

En entrevista, aseguró que el objetivo de la iniciativa es terminar con una supuesta “desinformación” que se ha generado en torno al tema de manera “dolosa”, pues a su parecer ésta es la causante de la inconformidad manifestada por algunos grupos, entre estos el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Para el legislador, que coordina al grupo parlamentario del PAN, la oposición de Morena y de los municipios carece de sustento, pues dijo que la reforma se ajusta a la Carta Magna del país.

Jurídicamente hablando es una reforma perfectamente bien hecha, las controversias se declararán infundadas e inoperantes, tan es así que ya hay una primera resolución de la Suprema Corte de Justicia que no concede la suspensión del acto reclamado, argumentó.

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