A petición de la Secretaría General de Gobierno (SGG), el Congreso del estado clasificó como reservada o “confidencial” la información sobre el proceso que guardan las 13 controversias constitucionales presentadas por el mismo número de gobiernos municipales contra el decreto que reforma la fracción 6 del artículo 12 constitucional, el cual abre la posibilidad a la privatización del agua en la entidad.
El pretexto que dio la dependencia, bajo la titularidad del ex gobernador de Oaxaca Diódoro Carrasco Altamirano, es dar a conocer el expediente “representa un riesgo real en perjuicio del interés público”.
“Al ser divulgada la información obstruiría las diversas acciones legales que los terceros interesados, en su caso los gobiernos municipales pudieren ejercer, tales como diligencias, requerimientos u ofrecimiento de pruebas”, se lee en la respuesta a una solicitud de información, con número de expediente 49/2017.
La solicitud formuló dos preguntas al Congreso local: ¿Con qué fecha les fue notificado a los 217 municipios la reforma al artículo 12? Y ¿Qué municipios se pronunciaron respecto a dicha reforma?
Además se pidió un informe detallado con las manifestaciones vertidas por parte de las localidades sobre los que aprobaron la reforma, los que no aprobaron la reforma y los que no contestaron, según marca el artículo 140 y 141 de la Constitución del estado.
La petición fue hecha por el abogado Gerardo López Ramírez, defensa legal de los pobladores inconformes de Izúcar de Matamoros, quien después de recibir la negativa cuestionó que entonces de dónde saca información el propio Diódoro Carrasco Altamirano para asegurar que las controversias no procedieron legalmente.
El declarante refutó que la información que debería ser pública, por concernir a un asunto de interés ciudadano, es ahora resguardada por el gobierno estatal, que es juez y parte en este proceso legal.
“La información contradice las declaraciones públicas de Diódoro Carrasco, quien asegura que no existen litigios contra la fracción 6 del artículo 12 constitucional, cuando estos documentos oficiales nos dicen otra versión”, sostuvo.
En entrevista, explicó que la solicitud fue hecha a la Unidad de Transparencia del Congreso del estado; sin embargo la misma la turnó, a través del Oficio Número UT–032/2017, a la Secretaría General del Gobierno estatal para que diera respuesta.
El litigante señaló que posteriormente la SGG es quien solicita al Congreso del estado que responda con la negativa, con el Oficio Número 695/2017, justificando que “pone a consideración clasificar como información reservada el expediente formado con motivo de la iniciativa de decreto”.
De acuerdo con el documento, López Ramírez informó que el pretexto que da la secretaría es que al dar a conocer la información afecta el debido proceso que lleva a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los casos contra la privatización del agua en el estado.
Además refirió que “vulnera la conducción de las controversias constitucionales, en virtud de que el expediente solicitado será enviado a la Suprema Corte como prueba de los argumentos vertidos por el estado, tendientes a sustentar la constitucionalidad de la reforma ahora impugnada”.
La respuesta por parte del Poder Legislativo fue firmada por María Catalina Daza Hernández, presidente del Comité de Transparencia y Contralora; Édgar Sánchez Farfán, director de Asuntos Jurídicos; y Erasmo Aníbal Vázquez Hernández, director de Administración y Finanzas.