El abogado Omar Jiménez Castro advirtió a la ciudadanía que la empresa Concesiones Integrales SA de CV, que mantiene la concesión del servicio del agua en Puebla y cinco municipios tras su privatización, emite hasta dos boletas de cobro en el mismo periodo de consumo, para que los contribuyentes caigan en una trampa y paguen la de mayor costo.
En una entrevista que concedió a La Jornada de Oriente refirió que dentro de Concesiones Integrales hay una desorganización en la administración.
Derivado de esta situación, alertó a los consumidores que pongan atención con los recibos que emite esta empresa, debido a que pueden hacer llegar al usuario en un lapso de 15 días hasta dos recibos de cobro.
“Hay casos en el que de manera anticipada les cobra 2 mil 300, y a los tres días les llega otro estado de cuenta donde solo deben 200 pesos”, manifestó.
El defensor legal, quien está a cargo de la presentación de los amparos de la Asamblea Social del Agua (ASA) contra cobros excesivos en el servicio del agua, sostuvo que “son recibos engañosos para que la gente pague los abusos de esta empresa”.
Sobre esta estrategia de Concesiones Integrales señaló que es un atropello a los ciudadanos, pero son impunes porque tienen el respaldo de las autoridades.
Dijo que hasta la fecha la empresa privatizadora del agua no ha logrado demostrar en estados de cuenta cuánto es el consumo de agua por vivienda.
“El cobro no es claro, y ese es uno de los mayores agravios contra la población”, acusó.
Abusos impunes de Concesiones Integrales
Por otro lado, Omar Jiménez denunció que Concesiones Integrales creó un nuevo concepto en el cobro de servicios por el consumo de agua a los ciudadanos, que se llama factibilidad.
Esto quiere decir –alertó– que tras una inspección a las viviendas la empresa puede imponer hasta la colocación de dos medidores si detecta que en una misma casa viven dos familias.
El abogado explicó que estos casos se dan cuando los abuelos, padres e hijos –que tienen su propia familia– comparten vivienda.
“En un inmueble de dos pisos, en el que arriba viven los hijos y abajo los abuelos, por el hecho de tener servicios independientes tienen que pagar el concepto de factibilidad”, advirtió.
Otro ejemplo, citó, es cuando las personas en su vivienda tienen algún pequeño negocio del que subsistente, a la falta de empleo o porque son jubilados.
“Por el simple hecho que en una casa humilde se vendan refrescos o tengan un pequeño tendajón se le incrementará la tarifa como negocio”, condenó.
Sobre el caso, Jiménez Castro relató que ha recibido denuncias de colonos, quienes ven a personas tomando fotografías de casas, para después realizar los cambios en el cobro del consumo de agua.
Reclamó que personal de Concesiones Integrales le pide a la gente información y que presenten el trámite por concepto de factibilidad en el consumo de agua, además de la realización de un plano, permisos de Protección Civil, cuando el trámite más barato es 7 mil pesos ante el ayuntamiento.
Luego del proceso, dijo que la empresa coloca otro medidor con uso comercial en la misma vivienda, donde algunos de sus moradores no cuentan con trabajo y se alimentan de lo que venden cada día.
Repudió que este concepto de factibilidad se aplique principalmente en colonias populares de la capital, como Unidad La Margarita, Unidad Guadalupe y Bosques del Pilar, por mencionar algunos; sin tocar a los residenciales.
“Hay jubilados que se ponen a vender tortas y les crean un servicio de factibilidad”, alertó.
Por esta razón, hizo un exhorto a las autoridades a frenar estos abusos de la empresa a la que entregó la administración del servicio, y que hoy sabemos es solo una familia, la del empresario Juan Diego Gutiérrez Cortina, ligado a Carlos Salinas de Gortari.