El Congreso del estado debe abrirse a la participación ciudadana en el proceso de conformación y creación del Sistema Estatal Anticorrupción, advirtió César Giles Navarro, integrante del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, pues ello además de legitimar las determinaciones de los diputados, permite integrar opiniones de los principales impulsores de las acciones de combate a este flagelo.
Además, alertó a los diputados sobre la necesidad de no inventar o crear ordenamientos que no se ajusten a los designios establecidos ya desde hace un año por el Congreso de la Unión, a través de la reforma constitucional que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción, pues de ser así se podría devenir en la inconstitucionalidad de las adecuaciones y leyes secundarias en el estado de Tlaxcala.
Durante su participación en el primero foro que realizó la Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo, César Giles también recomendó a los legisladores desprenderse de sus intereses partidistas y de sus miedos a fin de crear normas que sirvan a la ciudadanía que actualmente “vive en el hartazgo sobre actos de corrupción”.
En el foro, realizado en el salón de plenos del Poder Legislativo, espacio que prácticamente lució vacío ante la escasa participación, incluida la de los propios diputados. si bien al inicio de la ponencia estuvieron presentes 12 congresistas, al final solo “aguantaron” dos de ellos, como Guadalupe Sánchez Santiago y el encargado del foro, Enrique Padilla Sánchez.
En la ponencia, el integrante del Instituto Belisario Domínguez explicó el proceso de creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual debe replicarse en los estados a más tardar el 18 de julio de este año.
Para ello, César Giles consideró que lejos de pelearse o centrar los acuerdos parlamentarios en el nombre que habrán de dar a este sistema, aunque la Constitución federal la concibe como el Sistema Estatal Anticorrupción, los integrantes de la LXII Legislatura local deben establecer un esquema en el que sea la voz ciudadana la que participe y opine en torno a las necesidades del mismo en el ámbito local.
“Hay que darle voz a la sociedad civil. En el Senado se implementó parlamento abierto, por eso debemos abrir las puertas del Congreso para atender y recibir propuestas de la ciudadanía, eso nos permite tener el consenso de la sociedad civil fundamentalmente de aquellas especializadas y mientras más voces se escuchen, será más alta la eficacia de nuestras normas”, estimó el especialista, ante no más de 50 personas, en su mayoría representantes de servidores públicos estatales, municipales y del Poder Judicial.
De igual forma, el integrante del Instituto Belisario Domínguez recomendó a los legisladores –aunque ni secretarios técnicos de las comisiones acudieron a escuchar estas propuestas– establecer este sistema a partir de cuatro etapas legislativas.
“Primero se requiere la reforma a la Constitución Política local e inmediatamente después crear la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, después concretar la reforma a los otros ordenamientos, como la ley que regula la entidad de Fiscalización, la adecuación a la ley de la administración pública local en materia de Contraloría Interna y la adecuación al Código Penal del estado para tipificar los delitos de corrupción, y crear la nueva Ley para Fundar el Tribunal de Justicia Administrativa y, al final, deberán hacerse los nombramientos de las autoridades o de los responsables de aplicar las sanciones y verificar el cumplimiento de la norma”, apuntó César Giles.
Aunado a ello, César Giles explicó que todos ese andamiaje jurídico debe tener un sustento y cumplir con algunos parámetros legales a fin de evitar lagunas, inaplicación de las normas y, sobre todo, crear disposiciones inconstitucionales que pudieran ser revertidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como ocurrió en su momento con entidades como Veracruz.
“Son 10 indicadores que deben cumplir estas nuevas disposiciones para crearse y si cumplen con lo ordenado a nivel federal, que son: si el sistema estatal es similar o igual al que existe a nivel nacional; si previó un comité de participación ciudadana, si se definieron las atribuciones para el órgano interno de control para la entidad de fiscalización, si se estableció la obligatoriedad para la presentación de las declaraciones fiscal, de interés y patrimonial; y se cumple al otorgar autonomía de la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción y si los estados cuentan con un Tribunal de Justicia Administrativa, que son los indicadores que debe cumplir los nuevos ordenamientos”, agregó el especialista.
Alertó que el cumplimiento de estas obligaciones será fundamental para poner en marcha la nueva legislación en la materia, porque “en donde aprobemos una reforma constitucional que no cumpla con esos parámetros, van a haber dos consecuencias: por un lado habrá una reacción social y no me refiero a la de Tlaxcala, sino a nivel nacional, porque serían exhibidos y, por el otro, habrá acciones de inconstitucionalidad, como ya ocurrió en Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y Sinaloa, que promovería el Poder Ejecutivo para corregir a los congresos locales y eso a nadie le conviene y mucho menos les gustaría que eso ocurra. Si bien hay que buscar los acuerdos parlamentarios, éstos no deben despegarse de los principios constitucionales ya ordenados”, recalcó.
Giles: el sistema no es la varita mágica para erradicar la corrupción
César Giles insistió en evitar ocurrencias y nuevos planteamientos en el cumplimiento del mandato federal, porque “esa etapa ya pasó, cuando se validó la reforma federal por las entidades”, por lo que enfatizó que deben ajustarse a los lineamientos nacionales en la materia, porque “si no van a venir los litigios y por eso debemos tener cuidado a fin de que ésta cumpla con los fines para las cuales fueron creados estos ordenamientos”.
También llamó a los diputados locales, bueno al menos a los que asistieron al foro, a trabajar de manera abierta y sensibles a propuestas para crear el sistema local anticorrupción a fin de que “sea consecuente con la reforma constitucional federal con las demandas del pueblo tlaxcalteca, y que verdaderamente sirva para sentar las bases y sanear y renovar las instituciones de todo el país”.
Sin embargo, el representante del Instituto Belisario Domínguez sostuvo que la creación del Sistema Estatal Anticorrupción no es por sí mismo la solución a los problemas de corrupción que vive Tlaxcala, ya que “no es la varita mágica para acabar con este flagelo, porque solo serán nuevas herramientas e instituciones para atender esta demanda. Esto nos llevará mucho tiempo”.
Antes, el presidente de la Comisión de Información Pública, Enrique Padilla Sánchez dijo que este sistema no busca la sanción sino una organización social efectiva, pero que luche contra la corrupción en Tlaxcala.
En su discurso de apertura, también explicó que el hartazgo social ha obligado a que se legisle sobre un castigo a los servidores públicos por el mal uso de recursos y el abuso del poder.
En tanto que el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP), Mariano González Aguirre, admitió que el trabajo no es fácil, pero aseguró que el Congreso realizará esfuerzos para lograr un sistema integral.
Detalló que la dinámica social y con la participación ciudadana se reforzarán las ideas en la integración del sistema local anticorrupción, pero que en la entidad se llamará Sistema de Ética e Integridad Pública del Estado de Tlaxcala, dijo.