La Red Puebla de Periodistas consignó que las condiciones para el ejercicio periodístico en el estado han empezado a deteriorarse a la par del crecimiento del crimen organizado, a lo que se suma la violencia que están ejerciendo las autoridades municipales y de otros órdenes de gobierno, ante la pasividad e indolencia de los responsables de la seguridad y protección de la ciudadanía en general.
Además condenó la agresión de este miércoles a colegas que laboran en Tehuacán y que se trasladaron al municipio de Chapulco a cubrir una protesta de vecinos de la comunidad de Puente Colorado por falta de servicios, donde fueron agredidos físicamente.
Informaron que los manifestantes atacaron y golpearon a los periodistas Luis Ángel Contreras Oxmar Flores, Jaime González y Maximiliano Santos. Este último, tuvo que recibir atención médica ante las lesiones de las que fue objeto.
No es la primera vez que Maximiliano Santos es agredido, el pasado 24 de noviembre el periodista de En Tiempo Comunicaciones fue golpeado en las inmediaciones de su lugar de trabajo en Tehuacán. Asimismo en julio de 2016 recibió mensajes telefónicos amenazantes.
Durante los hechos de este miércoles el presidente municipal de esa localidad, José Luis Valeriano Jiménez, estuvo presente sin que, a decir de los colegas, hiciera nada para evitar o contener la agresión que sufrieron los comunicadores.
A raíz de esta situación, la Red Puebla de Periodistas emitió un comunicado en el que fijó su postura y expuso que el organismo internacional Artículo 19, con sede en la ciudad de México, emitió una alerta por la agresión a dos colegas en la misma zona de Tehuacán.
Se refiere que al acudir a realizar la denuncia a la subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tehuacán, Santos fue recibido por los funcionarios con negativa porque “ya estaba fuera de horario laboral”.
Además –la Red denunció- que los funcionarios de la Procuraduría consideraron que las agresiones por haberse registrado cuando el periodista no estaba haciendo un reportaje, tomando video o fotografías tenían que tratarse como un asunto del fuero común.
De acuerdo con Artículo 19 “los argumentos son esbozados y van contra el mandato constitucional de la PGR de atender los casos de violencia contra la prensa”.
En el segundo caso, se informó que la reportera Mariana Gutiérrez, de El Mundo de Tehuacán, fue agredida por una funcionaria de Chapulco, el 23 de noviembre.
El organismo local señaló que se trata de Belén Leticia Hernández, regidora de Educación en ese municipio, quien sacó a empujones a la reportera de su oficina cuando Gutiérrez realizaba una nota sobre temas de Protección Civil.
Se informó que las agresiones se produjeron semanas después de que la presidenta municipal de Tehuacán, Ernestina Fernández, amenazara con demandar a los colegas y medios de la región que publiquen información incómoda para la administración de la priista.
A la par, se expuso, el pasado 11 de noviembre un grupo de colegas del interior del estado exigieron a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) Puebla que atienda la situación de violencia que vive la prensa, especialmente en la que se registra en el área conocida como “el Triángulo Rojo” o la Franja del Huachicol, en donde el crimen organizado se ha apoderado de la región.
De hecho, se mencionó, que en ese encuentro de periodistas con los responsables de vigilar que se cumplan con los derechos humanos, la coordinadora del Capítulo Puebla de la Casa de los Derechos de Periodistas, Claudia Martínez, aseguró que las denuncias por amenazas de muerte a periodistas se han incrementado y que actualmente hay seis casos de alto riesgo en la entidad.
Según una nota del portal E-consulta, en la reunión que sostuvieron los periodistas con personal de la CDH, Claudia Martínez, llamó la atención sobre el caso de Silvia Campos, corresponsal de El Sol de Puebla, quien sufrió la persecución de un auto en el municipio de Los Reyes de Juárez -zona del Triángulo Rojo-, luego que difundiera un trabajo de investigación de células del crimen organizado dedicadas a la extracción ilegal de combustible de los ductos de Pemex.
Ante lo expuesto, la Red Puebla de Periodistas exigió a las autoridades atención a las denuncias presentadas tanto en el ámbito judicial –pues existen—como en el ámbito de la protección de los derechos humanos, y las alertas y llamados que han expresado organismos de protección a periodistas como La Casa de los Derechos y Artículo 19, y cumplir con su obligación de generar las condiciones necesarias para el libre ejercicio de la profesión de la libertad de expresión de los trabajadores de los medios, recordando que el trabajo que realizamos cumple con atender el derecho a la información de la sociedad.
No es una concesión, lo que se pide es el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y el respeto irrestricto de la libertar de expresión de los comunicadores, se concluyó.