La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ONU-Mujeres identificó el corredor Puebla-Tlaxcala, como la principal zona de captación, acción y tránsito de trata de mujeres con fines de explotación sexual desde hace 20 años, sin que el Estado Mexicano intervenga de manera decidida en un fenómeno delictivo que se extiende cada vez más.
A diferencia de Puebla, en Tlaxcala se estudia la emisión de la Alerta de violencia de género. Apizaco, San Pablo del Monte y Tenancingo son tres de los 15 municipios tlaxcaltecas con mayores denuncias.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) ha emitido en los pasados dos años nueve recomendaciones al gobierno estatal para implementar acciones que ayuden a erradicar y prevenir la trata de personas en el corredor Puebla-Tlaxcala.
Según la ONU-Mujeres y la CNDH, el problema de la trata de personas también se presentan en otros puntos de la República Mexicano, como en las ciudades de Tijuana y Mexicali, en Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; Nuevo Laredo y Matamoros, en Tamaulipas; Puerto Vallarta y Acapulco, Guerrero, Tapachula, Chiapas; y Cancún, Quintana Roo.
Las organizaciones refirieron que “México es país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas, a lo cual contribuye su situación geográfica, dado que se ha convertido en paso obligado de los migrantes centroamericanos” que viajan a Estados Unidos de Norteamérica en busca del sueño americano.
Además advirtieron que las víctimas mexicanas identificadas en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, proceden mayoritariamente de Puebla, Michoacán, Guerrero, la ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo y Tlaxcala.
La Jornada dio a conocer este lunes los casos de las menores Sandra y Sarahí, de 12 y 17 años de edad, respectivamente, originarias de San Pablo del Monte, Tlaxcala, quienes fueron raptadas en octubre y diciembre de 2016. Tras varias horas de desaparición fueron localizadas por sus familiares; ambas fueron sometidas a violencia física y sexual.
El periodista José Antonio Román consigna en su investigación que la primera de las menores se encontraba sedada muy cerca de un motel, mientras la segunda fue abandonada en la calles de una colonia popular en horas de la madrugada, en los límites con Puebla.
Elia Corona y Yolanda Salas, madres de las menores, narraron las largas horas de “terrible angustia” vividas por sus familias ante la ausencia de sus hijas, además de la inacción, incompetencia y hasta “complicidad” de los policías.
A lo anterior sumaron la revictimización provocada por el sistema de investigación de justicia y las amenazas recibidas por parte de agentes del Ministerio Público para impedirles levantar la denuncia.
Las menores raptadas y violentadas física y sexualmente ni siquiera forman parte de las estadísticas por estos delitos en el país. No hay nada, sólo dos actas circunstanciadas que no son reportadas al Sistema Nacional de Seguridad (SNS), donde las autoridades estatales no están obligadas a investigar.
Sandra, la menor de 12 años, salió de su casa el pasado 7 de diciembre a las 6:30 horas rumbo a su secundaria. El 14 de octubre de 2016, Sarahí había salido de la preparatoria y fue vista por un tío a unas cuadras de su casa a las 20 horas. Ninguna llegó a su destino; ambas, provenientes de familias de muy escasos recursos económicos y habitantes de colonias populares, fueron subidas a golpes a un automóvil por un grupo de hombres.
A cinco y tres meses de los hechos, respectivamente, ninguna de las dos familias de las víctimas ha recibido notificación de las autoridades, además de que fueron “extraviados” indicios importantes para la investigación, como los videos y pruebas de ADN de los agresores, entre muchas otras irregularidades.