De las 87 personas que fueron detenidas durante el operativo Encrucijada, que se desplegó en tres municipios por el asesinato de tres agentes de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (Fisdai), solo se inició proceso contra 42 y a las otras 45 quedaron libres.
Así lo confirmó la Fiscalía General del Estado, que no pudo comprobar el involucramiento de más de la mitad de los asegurados el pasado 9 de marzo, en los delitos de espionaje contra las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia y asociación delictuosa.
A las 42 personas que iniciaron la etapa de vinculación a proceso se les imputan diferentes delitos relacionados con el homicidio de los tres agentes.
La Fiscalía pudo establecer la participación del edil perredista José Isaías Velázquez y cinco policías municipales de Atzitzintla, en el delito de desaparición forzada de personas en agravio de tres agentes de la Fisdai, los cuales fueron entregados al grupo delictivo conocido como los bucanans.
A estos seis también se les imputa el hecho, con apariencia de delito, de asociación delictuosa y delitos cometidos contra la administración y procuración de justicia.
También se vínculo a proceso a 15 personas aseguradas en la comunidad de San José Cuyachapa, perteneciente a Esperanza, a donde fueron trasladados los agentes privados de su libertad. En este caso, la Fiscalía obtuvo diversos indicios en el lugar, que permitieron establecer su probable participación en los hechos investigados.
El operativo del jueves 9 de marzo concluyó en la localidad de Encrucijada, municipio de Palmar de Bravo, donde se llevó a cabo la detención de 44 personas. Para todas éstas se obtuvo el control de detención, pero solo se consiguió la vinculación a proceso para 21 de ellas por los delitos de asociación delictuosa, tentativa de homicidio agravado por haberse cometido en agravio de servidores públicos.
El juez de control decretó libertad a 23 personas, que dentro de la estructura del grupo delictivo de los bucanans realizaban funciones de “halcones”, quienes fueron puestos a disposición por los delitos de espionaje contra las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia y asociación delictuosa.
“No obstante ser respetuosos con la decisión del juez, la Fiscalía apeló la no vinculación a proceso, donde se sostendrá la imputación realizada al considerar que se acredita con el resultado de la información que se obtenga formalmente de los 26 teléfonos celulares que les fueron asegurados”, se explicó en un comunicado.
De los 87 detenidos, 16 fueron asegurados en Atzitzintla, 15 en Esperanza y 56 en Palmar de Bravo. Antes de vencerse el plazo legal para definir su situación jurídica, 12 personas fueron puestas en libertad con las reservas de ley y ocho menores de edad fueron entregados a sus familiares.
Después, 65 asegurados fueron puestos a disposición del Juez de Control, pero solo se vínculo a proceso a 42.
El regidor de Gobernación de Atzitzintla, Gaspar de Rosas Estrada, fue uno de los detenidos que luego fueron liberados el pasado martes, informó que el aseguramiento se hizo con violencia y sin darles ninguna explicación. Reveló que los llevaron a las instalaciones de la Fiscalía en donde les hicieron firmar papeles que no pudieron leer.
Familiares de los detenidos en San José Cuyachapa, donde se dio el mayor número de detenciones, ofrecieron una conferencia de prensa en Tehuacán e informaron que los policías de diferentes corporaciones irrumpieron en diferentes domicilios y detuvieron sin conocer identidades a todo tipo de personas, incluidos menores de edad.
Cabe aclarar que los detenidos también enfrentan cargos por violación a la ley Federal para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos, debido a que se presume que la banda de Los bucanans, ligada al grupo criminal de los zetas, también se dedicaba a extraer gasolina de los ductos de Pemex, pero al ser un ilícito federal corresponde a la PGR.