En el marco de la marcha para exigir la libertad de los presos políticos, realizada el pasado 9 de marzo, el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y el Cese a la Represión en Puebla -la organización convocante- leyó el siguiente pronunciamiento:
El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla somos una agrupación de personas preocupadas por las acciones autoritarias que el gobierno de Rafael Moreno Valle llevó a cabo contra el ejercicio de las libertades democráticas garantizadas por la Constitución de la República. Moreno Valle incurrió en acciones de la mayor gravedad, como la represión contra los pobladores de Chalchihuapan, donde fue muerto por la acción policiaca el niño José Luis Tehuatlíe Tamayo y lesionados severamente muchos pobladores, además de encarcelados injustamente otros más. Este tipo de represión fue ejercida también contra otras comunidades que protestaron por la supresión de sus derechos en juntas auxiliares y municipios; contra los mototaxistas, a los que se arrebató violentamente sus fuentes de trabajo y se detuvo a quienes opusieron resistencia; contra las personas que se manifestaban pacíficamente como respuesta a que les fueron suprimidas sus rutas de transporte para imponer el controversial e insuficiente sistema Ruta.
Hubo represión y encarcelamiento en contra de campesinos, estudiantes, trabajadores del gobierno, pensionados, defraudados, comerciantes, especialmente los integrantes de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre, quienes son la organización social que más presos y perseguidos políticos tiene en la entidad. Sin temor a equivocarnos, aseguramos que en Puebla no se había vivido una represión de esta envergadura desde tiempos de Gonzalo Bautista O`Farril, cuando fueron asesinados destacados universitarios como Joel Arriaga, Enrique Cabrera, Alfonso Calderón y varios jóvenes más; o, cuando en el gobierno de Mariano Piña Olaya –socio y aliado de Moreno Valle—fueron muertos cerca de 60 participantes del movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas y desató la primera represión contra la 28. Tiene visos de mayor gravedad si advertimos que la persecusión de Moreno Valle se dirigió indistintamente contra todo aquel que se atrevió a discrepar de sus designios unipersonales, arbitrarios e ilegales.
Moreno Valle pretendió acallar toda voz crítica, toda voz disidente, y para ello se propuso controlar hasta extremos insospechados a la prensa y, cuando algunos medios y algunos periodistas no aceptaron sus condiciones, alardeó que los iba a desaparecer, lo que por fortuna no ocurrió. Es así que hemos podido contar con un puñado de medios de comunicación valientes que dieron voz a este Comité y a todos los grupos y personas que dieron a conocer los hechos de abuso y oprobio presuntamente cometidos durante la gestión del exmandatario.
El comportamiento del ex gobernador Moreno Valle ni siquiera tuvo como compensación el bienestar de la mayoría de los poblanos, porque los multimillonarios gastos hechos en acciones y obras públicas fueron realizados para beneficio personal, para soportar los gastos de sus aspiraciones a la presidencia de la república, no para el beneficio popular.
El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla es una agrupación civil autónoma ante cualquier organización o partido. No se propuso nunca defender sólo a un cierto tipo de presos, procesados y perseguidos políticos, sino a todos aquellos que entraron en alguna de estas condiciones por efecto de su oposición al mandatario. En esta situación están ciudadanos de izquierda, de centro, de derecha; pertenecientes o no a organizaciones sociales, políticas, ambientalistas; en fin, no excluimos del recuento a nadie.
Sabemos que núcleos que respaldan a algunos presos no simpatizan con otros, pero el propósito nuestro nos obliga a soslayar esas diferencias. Nuestro reclamo, nuestra lucha, es por visibilizar acontecimientos que inhiben o de plano suprimen las condiciones mínimas de convivencia social que son las que permiten la expresión de las voces divergentes, de propuestas alternativas, de denuncias sobre excesos de los gobernantes. Hay leyes que protegen estos derechos, pero han sido violadas o retorcidas para satisfacer los deseos de quien actuó como un auténtico dictador.
En el estado desaparecieron los contrapesos políticos que brinda la auténtica división de poderes. Aunque había muy poca separación en los hechos, en el sexenio anterior quedó suprimida al máximo. Adicionalmente, el abuso de poder de Moreno Valle se prolonga de formas nunca antes vistas, a través de la permanencia del Fiscal General, del Congreso, del Tribunal de Justicia y del 80 por ciento del gabinete. Se prolonga también mediante las reformas legislativas impuestas por él en todos los ámbitos de la vida social de Puebla.
Este Comité ha contabilizado 361 personas que están o han pisado las cárceles, que tienen que ir varias veces al mes a firmar en los juzgados, pagar abogados y trámites, perder el tiempo hasta la exasperación, y con él su salud física y mental, su estabilidad familiar y patrimonial. Personas a quienes se les libraron órdenes de aprehensión y que, aunque no se han ejecutado, viven en la zozobra sufriendo permanentemente.
Tres políticos de distintas filiaciones están en nuestra lista, que por criticar el ejercicio público de Rafael Moreno Valle y ofrecer oposición a sus medidas son perseguidos: los presidentes municipales de Tehuacán y San Pedro Cholula y el expresidente municipal de Puebla. Ser acosado con medidas administrativas o penales por disentir de que gobierna, sufrir represalias que provienen del aparato de Estado para conseguir que la crítica se silencie, es condición de persecusión política. Este Comité denuncia que durante el gobierno de Rafael Moreno Valle se vulneró el marco democrático mínimo indispensable para una convivencia adecuada y para la manifestación libre de las demandas ciudadanas.
Las personas que están o estuvieron en las cárceles, han vivido las condiciones de corrupción, insalubridad, crueldad y hasta tortura que en ellas prevalecen. Nadie, ni el peor criminal, debiera sufrir lo que se sufre en esos lugares que pomposamente se llaman “Centros de Reinserción Social”, cuando en realidad son escuelas de delincuencia y fábricas de trastornados físicos y mentales. Sólo con dinero, con mucho dinero, se puede sobrevivir en las denigrantes mazmorras poblanas, porque allí campea el control de las mafias y la corrupción al máximo.
En la cárcel de Cholula se hacinan hasta 20 reos en celdas de 4 por 4 metros, durmiendo amontonados unos contra otros, sin servicios sanitarios. Pero en San Miguel es peor, allí, a los presos les meten hasta en número de 50 en celdas de la misma dimensión, y deben dormir parados, como cigarros en sus cajas, soportando el olor a mariguana e inhalantes.
Esas son las condiciones que los presos políticos soportan o debieron soportar en algún momento, y Moreno Valle lo supo siempre.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos fue convertida en una institución más al servicio del déspota, que dejó de hacer y deshacer en materia de libertades políticas abdicando de su función constitucional y del cumplimiento de sus deberes legales. La Comisión Nacional fue un poco más allá, pero al final desempeñó el triste papel de comparsa para tratar de sepultar hechos como el de Chalchihuapan.
La existencia de presos políticos niega toda legalidad, quita a las leyes el carácter de instrumento para la sana convivencia entre el poder público y los gobernados y perversamente las convierte en mecanismo sucio de gobierno para oprimir a la población. Hoy están en la cárcel siete ciudadanos por motivos políticos. Cinco integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre:
Rubén Sarabia “Simitrio” (hospitalizado por razones de salud)
Atltonatiuh Rubén Sarabia Reyna
Xihuel Sarabia Reyna
Luis Fernando Alonso Rodríguez
José Muñoz Villegas
Francisco Castillo Montemayor, ex funcionario del sector medioambiental, denunciante del expolio ejercido en el Parque Estatal Flor del Bosque;
Israel Pacheco Velázquez, ex líder del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla, encarcelado para abrir paso sin resistencia a los cambios morenovallistas en ese gremio.
Para ellos en especial, pero también para todos los procesados y perseguidos injustificadamente, este Comité acude ante esta Secretaría General de Gobierno para exigir la inmediata libertad de todos como la muestra básica de respeto que este gobierno debe a la Constitución y a los derechos humanos de cada uno de ellos.
¡Justicia y libertad!
Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla.
Puebla, Pue., 9 de marzo de 2017.
