El programa de modernización del transporte público que echó a andar el gobierno del estado –el miércoles al mediodía– inició con el pie izquierdo, ya que parte de la improvisación, la imposición de normas, la falta de información precisa y está alejado de la realidad. En diferentes reuniones que este jueves sostuvieron concesionarios de dicho servicio, llegaron a una sola conclusión: es el mismo esquema que fracasó hace 13 años y en esta ocasión está destinado a volver a ser sólo un catálogo de buenas intenciones, pero no se podrán alcanzar las metas mínimas.
Y es que la realidad de este asunto es que los principales líderes del transporte aparecieron –hace un par de días– sonrientes y participativos en un acto público que encabezó el gobernador Antonio Gali Fayad y el secretario de Hacienda José Antonio Meade Kuribreña, pero esa actitud no era por convicción, sino porque la mayoría llegaron amenazados a ese evento.
Resulta que días antes el subsecretario del Transporte, Alberto Vivas, llamó a los principales representantes de permisionarios y les amenazó que si no acudían a manifestar su adhesión a dicho programa, iniciaría una revisión masiva de sus vehículos y encontrarían cualquier pretexto para sacarlos de circulación.
Vivas es un viejo funcionario del gobierno –tanto de administraciones priistas y panistas– que ha protegido, solapado, los vicios del transporte público. Luego de que estuvo fuera durante la administración de Moreno Valle, ahora está de regreso en la Secretaría de Infraestructura, junto con una larga lista de funcionarios que han sido parte de la mafia que ha lucrado con las deficiencias del servicio urbano de transporte de pasajeros.
Más allá del tema de las amenazas, el problema es que se obligó a los permisionarios ir al acto de Gali y supuestamente aprobar la modernización, pero en realidad no sabían que estaban avalando, ya que la Subsecretaría del Transporte no les ha proporcionado la información precisa sobre los costos financieros que implica entrar al proceso de obtención de créditos para la renovación de cientos de vehículos y que tendrán como peculiaridad el uso de una nueva tecnología de gas, en lugar del diesel.
De manera informal los transportistas han obtenido información en la cual se indica que el tipo de microbuses y camiones que les quieren obligar a comprar, sin incluir el costo del crédito, están oscilando sus precios entre un millón de pesos para unidades pequeñas, 2 millones 400 mil para las medianas y hasta 3 millones 150 mil para camiones grandes.
Una primera reacción de los transportistas es que sus actuales ingresos no les permite poder acceder a la compra de automotores de ese precio, que no incluye el costo financiero ni las condiciones de garantías que exigirán las empresas que otorgarán los créditos.
A lo anterior hay que agregar que este tipo de vehículos, que utilizan gas, emplean motores cuyos precios son superiores a los 100 mil pesos, lo cual plantea de que un daño a esa parte de los camiones será un costo muy oneroso.
Se supone que con este programa de modernización el gobierno del estado estaría evitando que los concesionarios sigan exigiendo una alza al precio del pasaje. Pero en realidad su efecto va a ser al revés, los permisionarios para poder adquirir los créditos ofrecidos por el Poder Ejecutivo van a plantear que solamente será posible si aumenta la tarifa por lo menos de 6 pesos a 7.50 pesos.
El principal yerro es que Alberto Vivas les dijo a los concesionarios que si aceptaban el programa de modernización, entonces habría una serie de apoyos, de ayudas, para aliviar la difícil situación económica de los transportistas. El asunto es que en el evento de Gali –de hace dos días– nadie les informó cuáles son esos supuestos beneficios que obtendrían por aceptar el cambio de vehículos.
Un sentir que dominaba ayer, es que fueron burlados y que el gobierno del estado no tiene ninguna estrategia para ayudarlos económicamente.
En 2004, la entonces administración de Melquiades Morales Flores puso en marcha un programa de modernización del transporte con las mismas características del actual modelo que ha presentado el Poder Ejecutivo.
El resultado fue desastroso. La mayoría de los concesionarios no pudieron pagar los créditos. Algunos regresaron los vehículos comprados. Otros enfrentaron el embargo de sus garantías. Y en general, la siguiente administración estatal, la de Mario Marín, se hizo la occisa para no sacar de circulación a cientos de vehículos que ya habían sobrepasado el número de años que pueden estar en funcionamiento.
¿Qué hace suponer que las cosas serán diferentes? La inestabilidad del precio de los combustibles, la falta de revisión del precio del pasaje en los últimos siete años y la mala experiencia con el anterior proceso de renovación de vehículos, hace suponer que ahora habrá mayores condiciones para que la modernización del transporte sea un fiasco o un pequeño logro.
Pareciera que la administración de Antonio Gali le está apostando a mejorar la imagen del Poder Ejecutivo, pero no a solucionar los problemas de fondo.