A primera hora de este martes, policías antimotines mantiene cercado el primer cuadro de la ciudad de Puebla, debido a que este día arriba la “Caravana por la vida, la dignidad y la justicia” conformada por pobladores de comunidades de la región del Izta-Popo y las Cholulas contra la privatización del agua en el estado.
La convocatoria fue lanzada la semana pasada por el movimiento Pueblos Unidos Contra la Privatización del Agua (PUCPA), y tiene como principal exigencia la abrogación de la reforma al Artículo 12 Constitucional que fue aprobada en sigilo por el Congreso del estado, el pasado 6 de enero.
Lugareños de Juan C Bonilla, Coronango, San Andrés y San Pedro Cholula, Xoxtla, Huejotzingo, Tlaltenango, San Andrés Calpan, San Martín Texmelucan y Ocotepec, entre otras localidades, contarán con el respaldo de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional-Puebla (CNPA MN), la Unión Totonaca y Náhuatl (Unitona) y el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla (Fosyppue).
La marcha de los pueblos que se estima será masiva se concentrará a las 11 horas en el Parque Paseo Bravo, y partirá de este lugar al Palacio Legislativo.
Desde hace siete días, frente al Congreso local se encuentra un plantón indefinido de habitantes de Jolalpan que exigen la destitución del alcalde Antonio Javana por una serie de irregularidades, entre ellas la aprobación de la reforma privatizadora.
A la par, el PUCPA anunció la realización del Foro de los Pueblos en Defensa del Agua y Contra su Privatización para el próximo 19 de marzo a las 10 horas en la plaza central del municipio de Coronango.
Esto luego que ciudadanos y regidores obligaron a la alcalde Hermelinda Macoto Chapuli a revertir el acta de Cabildo que avala la privatización del agua en la localidad.
En febrero pasado, habitantes de nueve municipios anunciaron la creación de la agrupación Pueblos Unidos contra la Privatización del Agua, a raíz de que el ahora ex gobernador Rafael Moreno Valle promovió una reforma constitucional que abre la posibilidad de que el servicio pase a manos privadas en toda la entidad.
Maurilio Galiote Mixcóatl, habitante de la región de Cholula, advirtió que las comunidades han tomado la decisión de organizarse para custodiar sus pozos, riachuelos y ojos de agua, con el fin de impedir que el gobierno estatal pretenda adueñarse de ellos.
La reforma aprobada el 6 de enero, y promulgada el 27 de ese mismo mes, se anunció como un cambio para proteger el derecho al agua de la población, sin embargo, en la fracción 6 se estableció: “El Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”.
La inclusión de este párrafo, de acuerdo con autoridades municipales, serviría al gobierno estatal para tomar el control de la prestación del servicio y al mismo tiempo para que lo concesione a un particular, como ocurrió en la ciudad de Puebla, donde el servicio fue privatizado desde 2013.