La reforma constitucional que establece la desaparición de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje en el país para dar paso a la creación de tribunales laborales no es bien vista por los sindicatos de trabajadores, pues consideran que pasar los asuntos al ámbito del Poder Judicial no eliminará los vicios que históricamente se presentan en los juzgados.
Además llevará tiempo concretar esta transformación, quizá años, por el amplio número de expedientes que tienen los organismos que hasta ahora todavía dependen del Poder Ejecutivo en los estados.
La principal preocupación de los representantes de los trabajadores es la posibilidad de que tengan que “aceitar” la agilización de sus asuntos, pues como es bien sabido en los juzgados o tribunales no pasa nada hasta que se recompensa a los servidores públicos para el desahogo de los expedientes.
Otra preocupación se centra, en el caso de Tlaxcala, en la falta de un presupuesto etiquetado para la operación del tribunal laboral, pues hasta este año la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) ejerce recursos a través del Poder Ejecutivo.
Además, con la desaparición de la JLCA se termina la toma de decisiones tripartita, pues este órgano a la fecha opera con un presidente que es designado por el gobierno, un representante de la parte patronal y otro de los trabajadores. Estos dos últimos sin contar con el grado de licenciatura.
En cambio, con el tribunal laboral las decisiones se tomarán de manera unilateral, ya que se dejará fuera la representación patronal y de los trabajadores.
Pero la situación tampoco variará con la atención que da la JLCA a los expedientes laborales, pues el desahogo de los asuntos es lento a pesar de que se han hecho esfuerzos para impartir justicia de manera expedita.
Un tema a considerar también será lo relacionado a los salarios de los trabajadores de lo que será el tribunal laboral, pues los proyectistas de la JLCA perciben poco más de 3 mil pesos quincenales y esa cantidad económica no satisface las necesidades de las personas.