El Observatorio de Transparencia de la Universidad Iberoamericana vio con buenos ojos que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) vigile que el Congreso del estado responda la solicitud que se le hizo para conocer detalles del proceso de selección de los tres encargados de la transparencia en Puebla
Cuauhtémoc Cruz Isidoro, responsable del Observatorio, explicó que debido a la selección que se hizo en diciembre pasado, interesa saber qué recomendaciones hicieron las organizaciones civiles invitadas a los diputados para haber elegido a Gabriela Sierra Palacios, Montserrat Reyes Alfaro y Carlos Germán Loeschmann Moreno.
Y es que en la selección que hizo el Congreso de la terna que hoy en día ocupan los cargos de comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Puebla (ITAIP) participaron organizaciones que no están especializadas en la materia.
Estuvieron presentes actores del Consejo Ciudadano de Seguridad, de la asociación civil Comisión Ciudadana por la Democracia y los Derechos Humanos, de la organización Borde Político y de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).
No fueron invitadas agrupaciones especializadas como el capítulo en Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Puebla Vigila o el Observatorio de Transparencia de la Universidad Iberoamericana.
Es por eso que el observatorio universitario dirigió una solicitud de información al Congreso local para conocer a detalle la contribución que tuvieron las organizaciones, pues tenían la facultad de hacer recomendaciones a los diputados para hacer la mejor elección.
“El tema es que se transparente la participación de las organizaciones, más allá de los señalamientos de que están cerca con la anterior administración, o la llegada de una comisionada que no tiene experiencia, y a partir ahí transparentar el proceso”, dijo Cruz Isidoro en entrevista.
Consideró que la presunción que apunta a que la esposa del ex gobernador y secretaria general del PAN en la entidad, Martha Erika Alonso de Moreno Valle, tuvo injerencia en la elección, queda en segundo plano, pues la legalidad de la transparencia está en el proceso de selección.
Agregó que debido a que no fue un proceso de clasificación transparente desde que se anunció, lo que queda es saber que observaciones hicieron, que recomendaron los representantes de las organizaciones, para de esa manera conocer cómo fue qué eligieron.
Cabe señalar que la solicitud que hizo el Observatorio de Transparencia no fue atendida a cabalidad por el Congreso del estado y en consecuencia el ITAIP turnó la petición al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública al justificar conflicto de interés.
“Es una buena señala que lo hayan turnado al Instituto Nacional porque efectivamente puede haber conflicto de interés en el sentido de que podrían confirmar la respuesta del Congreso. Todo esto en un proceso de por sí ya marcado por la opacidad”, concretó.