Es sumamente importante que la discusión sobre la administración del agua potable en Puebla se abra, para que en ella participe el mayor número de personas posibles, pues resulta vital conocer los alcances reales de las reformas al Artículo 12 de la Constitución local, ya que la polémica se ha generado a partir de la sospecha de que el el líquido quede en manos de particulares.
En esa lógica, resulta adecuado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya iniciado el análisis de la controversia constitucional que le presentó el ayuntamiento de San Pedro Cholula y al mismo tiempo es plausible la actitud del gobernador, José Antonio Gali Fayad, quien ayer declaró que el recurso no será privatizado y que, por el contrario, su intención es garantizar a plenitud el acceso al agua en cumplimiento cabal de ese derecho humano.
Nadie puede estar en contra de que la garantía de que todas las personas tengan asegurado el consumo del agua, y ese principio debe quedar bien claro para las partes que en este momento polemizan sobre las enmiendas hechas a la Constitución del estado de Puebla.
En un sistema democrático, los diferendos deben ser remediados mediante el diálogo y, si este no es suficiente, acudir a las instituciones, como está sucediendo en este caso con la SCJN, debe ser motivo de certidumbre para todos.