En sesión extraordinaria, el Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ) restituirá en el cargo de juez a Enrique Romero Razo, quien fue destituido en 2012, por supuestamente favorecer al empresario Ricardo Henaine Mezher en un juicio ejecutivo mercantil en contra del entonces socio mayoritario del equipo de futbol Puebla FC, Francisco Bernat Cid.
Este miércoles el Tribunal notificará de manera oficial al juez Enrique Romero de que se ha dado la orden de su restitución.
En entrevista, Enrique Romero Razo dijo que no le han informado del resolutivo del Tribunal del estado sobre la aprobación de su restitución, faltando horas para vencer el plazo que fijó la Corte Nacional.
Incluso, calificó que su reincorporación al cargo son “patadas de ahogado” de la derrota en los tribunales.
La tarde de este martes, los 25 magistrados aprobaron de manera unánime acatar finalmente la resolución de un juez federal, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió un proceso de suspensión y hasta detención por no acatar la resolución.
Durante cuatro años, el Poder Judicial de Puebla desacató la orden por varios años, tras una derrota en los tribunales federales al haber dado de baja al juez con irregularidades.
Por tal razón, la Corte federal inició un procedimiento para la destitución de los 25 magistrados, incluyendo al presidente Roberto Flores Toledano.
De ahí el interés del Tribunal de restituir en su cargo al juez, debido a que sólo contaba con tres días para reubicar a Romero Razo, que vence este jueves.
Al respecto, Romero Razo dijo que si los magistrados querían alarga el proceso, se iban a evidenciar más, al revelar que si no se le restituía, una que una vez que fuera notificado, presentaría una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el incumplimiento o desacato a la resolución del juicio de amparo.
Comentó que dicha denuncia sería presentada en la Ciudad de México al no confiar en la delegación de la dependencia en Puebla, para evitar cualquier problema.
“Estas chicanadas fueron constantes durante mi proceso, por lo que si el Tribunal no daba solución, interpondría una denuncia penal contra los 25 magistrados poblanos por violentar la ley de amparo”, advirtió.
El juez aclaró que esta denuncia es independiente al procedimiento que ya inició la SCJN por el desacato al mandamiento judicial, que podría derivar en no solo la destitución de los magistrados, sino hasta prisión a cada uno de ellos.
El año pasado, durante una rueda de prensa, Enrique Romero acusó que detrás de su destitución está el gobierno de Rafael Moreno Valle, a quien calificó como “el cáncer en Puebla que se extiende a todo el país como metástasis”.
El agraviado interpuso un amparo de revisión, promovido en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con el número de expediente 131/2012.
Además, presentó la queja número 891/2012–I en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que desde entonces lo coloca ante una inminente reinstalación laboral como juez de Primera Instancia en el Poder Judicial de Puebla.
Ambos recursos legales forman parte de una férrea defensa que interpuso el juez rescindido para reincorporarse a sus labores interrumpidas por cuestiones de tipo políticas.
Romero Razo denunció que en lo que va de la administración de Rafael Moreno Valle siete jueces han sido amenazados, perseguidos y hasta encarcelados.
La lista la encabeza la ex procuradora Blanca Laura Villeda, el juez mixto de Tetela Jesús Sánchez; el juez de Huejotzingo, Ricardo Ramírez Cante, así como el de Tepeaca.
Cabe recordar que el 22 de agosto de 2014, visiblemente golpeado en el rostro y con dos costillas fracturadas, el ex juez de lo Penal denunció que fue víctima de allanamiento de su morada, robo de equipo de cómputo y documentos digitales, amén de agresiones físicas y amenazas en contra de su vida por un grupo de cuatro hombres.
El letrado responsabilizó de los hechos al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, y al jefe de su oficina, Juan Pablo Piña Kurzcyn.
Consideró que los delitos que se le perpetraron fueron “un mensaje siciliano”, en el que podría estar involucrado Eukid Castañón cuando fungía como secretario General de Gobierno.
Hoy, tras cuatro años de lucha legal, Enrique Romero Razo advierte que no se dará por vencido hasta que haya justicia en su caso.