Unas merecidas y bien ganadas pero sonoras y burlonas carcajadas de los asistentes a su comparecencia del pasado 21 de enero en el Congreso, premiaron la insistencia de Diódoro Carrasco en afirmar que en Puebla no existen presos políticos. Por primera vez intentó balbucir una caracterización del concepto inspirándose en las universales doctrinas de Perogrullo: “Muchas gracias señor diputado, déjeme primero comentarle algo que hemos comentado en otras ocasiones, … el concepto de preso político no es un concepto reconocido en la legislación, ni en nuestra legislación en Puebla; es un término político; un término político que ha sido manejado por distintos grupos, un poco para, … inculpar a éste u otro gobierno de medidas de carácter represivo y de que se detiene a la gente, no por cometer un delito específico, sino por la expresión o por la manifestación; pues no es el caso, y eso le da respuesta a su primera pregunta, en Puebla, pues no existen presos políticos (risas) no existen presos políticos”.
Es un estribillo. No ofrece mayor explicación y basta la imposición discursiva de la negación. Si el secretario no puede, o no quiere, entender el significado de las risas burlonas que le obsequiaron sus oyentes, le diremos que obedecen a que sus palabras son un insulto a la sensatez y la inteligencia al pretender borrar, con un discurso, la parte sustancial del ejercicio de gobierno que ha definido la realidad de su relación política con gran parte de los poblanos. El contraste que brinda la actuación de la autoridad, eficiente para encarcelar al inconforme con las políticas de gobierno pero ineficiente para perseguir al delincuente, revela el perfil de la relación estatal que se traza con unos y otros. No pueden negar la desgarradora descomposición social que vive Puebla por el imparable crecimiento de la delincuencia, social y organizada, que al final y aunque lo nieguen refleja una forma de gobernar por omisión. ¿Qué es la legalidad? Qué pasa con la aplicación de la ley y por qué deben ser, precisamente, las personas que en algún momento defienden trabajo, tierra, modo de vida o destino del patrimonio histórico afectados por decisiones gubernamentales, las que tienen que ir a parar en la cárcel. ¿La convirtieron en su mecanismo de organización rapaz de la sociedad?
Con escarceos, el secretario abordó el tema de “esta cifra media mágica de los 200 presos políticos de Puebla, presos políticos entre comillas”. Dijo: “…hace, el año pasado, el año antepasado, en 2015 la Comisión Nacional de Derechos Humanos envió justamente al gobierno del estado una solicitud, a propósito de este tema, para poder, … pidiendo información respecto a distintos acontecimientos vinculados con derechos humanos y maneja una lista de 200 personas aproximadamente más menos; esa relación nos tocó revisarla hacia 2016; hicimos una revisión puntual de esa relación, no como recomendación sino como solicitud, oiga tenemos esta información que ha presentado “x” y “y” grupos ¿cuál es el status? bueno, y el resultado fue y la respuesta que dimos en una informe detallado y completo de los hechos de que, salvo cuatro casos, si mal no recuerdo, los demás o no existían o nunca fueron detenidos o no teníamos registro o habían sido, … se les había fincado responsabilidad por delitos del fuero común y del fuero federal y lo habían cumplido, … no existe pues esta famosa lista, y eso es un, también un testimonio, no nuestro, de la Comisión de Derechos Humanos, nosotros respondimos a la información que nos pidieron”.
En cifras nadie, ni nunca, habla solo de presos políticos; siempre se aludió, también, a procesados y perseguidos. ¿Dónde está el testimonio señor secretario? ¿En la solicitud de información, o en la respuesta que niega la existencia de presos políticos? Tratándose de violación de derechos humanos por autoridades locales ¿ninguna intervención mereció al respecto la Comisión estatal? ¿Los presos políticos desaparecen con la negación oficial de su existencia? ¿Para esto sirve la tribuna del Congreso? ¿Esto aceptan los señores diputados como explicación al problema lacerante de los presos políticos en Puebla? Bonita representación “popular”. Linda tribuna “del pueblo”, donde el pueblo no tiene cabida ni, siquiera, por derecho de réplica.
Cerró su alocución: “En tercer lugar, los casos que tenemos de detenidos que se han manejado con mucha insistencia como presos políticos y con quien nos hemos reunido con sus abogados, sus familiares, sus asesores, infinidad de veces, la última fue la semana pasada por cierto, … que es los dirigentes de la 28 de Octubre, de la organización 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez que está procesado por narcomenudeo; Rubén Sarabia Reyna está procesado por narcomenudeo; Xihuel Sarabia Reyna está procesado por narcomenudeo y Fernando Alonso Rodríguez que está procesado por lesiones graves, esos son los delitos que se tipificaron en la carpeta de investigación en su oportunidad y que, … integró la Procuraduría entonces, la Fiscalía ahora, y el juez correspondiente, pues fijó las penas ante estos delitos y agravios, cada uno de ellos está en distinta etapa procesal, en distinto momento procesal, esos son los cuatro casos que nosotros tenemos registrados de esa famosa lista que se manejaban como presos políticos que tienen que ver con delitos concretos de orden federal y de orden local”. ¡Chin! Tantos años de oficio político y ¡se hace bolas, gacho, con el lenguaje jurídico!
Intentando alejarse del ridículo que hicieron con la “revocación” de la preliberación de Simitrio, ahora prefiere decir “procesado por narcomenudeo”. Señor secretario ¿ha leído, aunque sea por curiosidad, cómo se armaron estas acusaciones de narcomenudeo? Hágalo, para que las puedan sostener ante la ciudadanía y las tratemos en público. Veamos si es problema de los presos o … de gobierno. En conclusión: su remembranza es anacrónica; ahora no son 200, sino 355 los presos, procesados y perseguidos políticos de este gobierno. Su estilo discursivo impide saber con claridad si, por la salvedad, a los cuatro presos de la 28 de Octubre –olvida a cuatro procesados– los reconoce como presos políticos o no. Pero ratifico: Simitrio fue encarcelado por “no haber observado buena conducta” ¿recuerda? Las acusaciones de narcomenudeo contra él y sus hijos se armaron mediante artificios ministeriales y de fuerza policial, prohibidos por la ley; Fernando Alonso está acusado de delito a pesar de que la policía incautó las armas a sus acusadores. Los procesados, con Rita Amador entre ellos, lo están con base en un anónimo y por una manifestación pacífica. En suma, la arbitrariedad, ajenidad a ley y derecho, y un ejercicio canallesco del poder son los ingredientes básicos con que están presos y procesados. ¿Esto los convierte en presos y procesados políticos? Dejo la pregunta a los poblanos; usted dirá que “no existen”.