La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, (Concanaco Servytur) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el 19 de enero crearon un Comité para “fortalecer el mercado interno para mejorar la situación económica del país, para proteger el empleo e impulsar las cadenas de valor en la producción nacional”. Si en realidad quisieran eso, tendrían que aumentar el empleo y salarios a fin de mejorar la distribución del ingreso, y además pedir al gobierno que incremente el gasto e instrumente políticas proteccionistas a fin de poder dinamizar el mercado interno y asegurar efectos multiplicadores para incentivar el encadenamiento productivo, cosa que no hacen.
Entre sus propuestas de política destacan, que se “debe impedir que el sector financiero realice variaciones de tasa de interés superiores a las que aplique el banco de México a sus tasas de referencia”. Tal propuesta está bien, pero ello exige regular al sector bancario, lo cual no lo permite la desregulación financiera que viene desde inicios de los años noventa, ni tampoco lo permite la reforma financiera aprobada a inicios del presente gobierno, por lo que la propuesta debe decir, que hay que reformar al sector bancario–financiero para hacerlo funcional a las necesidades del sector productivo y del crecimiento de la economía.
Plantean que las prestaciones sociales que otorgan las empresas a sus trabajadores sean 100 por ciento deducibles del pago de impuestos, a fin de incentivar el empleo formal. Es decir, que sea el gobierno quien las otorgue. El mayor empleo formal no pasa por reducir el costo laboral o las prestaciones laborales, sino por cambiar la política económica de mercado abierto y de disciplina fiscal que atenta sorbe ello, cosa que no cuestionan.
En relación al alza de la electricidad, proponen que para que no genere alzas de precios y se afecte el consumo de las familias, las empresas deben recibir subsidios. Es decir, que el gobierno asuma el costo del mayor precio de la electricidad, evidenciando que no hay espíritu alguno de parte de ellos de absorber dicho costo y no trasladarlo a los precios. Por décadas los salarios han crecido menos que la productividad y los precios, lo que les ha permitido tener grandes márgenes de ganancia, por lo que pueden absorber los mayores costos de los precios de la electricidad, como las prestaciones laborales y así avanzar en la distribución del ingreso necesaria para dinamizar el mercado interno.
Se propuesta de que la banca de desarrollo facilite el financiamiento a las inversiones para impulsar el encadenamiento productivo y que se brinden créditos blandos, son correctas, pero lo importante es que se dé el crecimiento del gasto público y del mercado interno, para así asegurar el flujo de ingresos suficiente para garantizar el reembolso de los créditos, cosa que no proponen.
Plantean en forma ingenua que se publique un pronóstico de demanda para generar propuestas de encadenamiento productivo para incrementar el contenido nacional en las compras gubernamentales. Y lo mismo señalan para los proyectos de inversión, de infraestructura y de energía. Aquí también hay un desconocimiento de los tratados de libre comercio (TLC) que ha firmado el gobierno, donde se compromete poner a concurso todas las compras gubernamentales y todos los proyectos de inversión, tanto a los oferentes nacionales, como a los extranjeros, donde los primeros han sido desplazados por los segundos, porque éstos son más competitivos.
Piden que se exhiban todos los productos importados que sean susceptibles de integración nacional para que sean elaborados por la industria nacional. Para que ello se realice, tienen que asumir la posición del Presidente Trump de oponerse a los TLC por no ser justos y benéficos al país. El país requiere de política proteccionista, ya sea prohibir su entrada o establecer altos aranceles a los productos importados para así asegurar condiciones de mercado y rentabilidad para estimular su producción internamente, cosa que las Confederaciones patronales no plantean.
Por último, señalan que frente a las políticas proteccionistas del nuevo gobierno de EU, el gobierno federal debe declarar a las ciudades fronterizas, Zona Económica Preferente “a efecto de crear beneficios fiscales y reducir barreras arancelarias y no arancelarias para los empresarios en esta zona”. Resulta qué frente a las políticas proteccionistas de EU, su propuesta es que México debe abrirse más. No se dan cuenta que la reducción de los encadenamientos productivos y el menor crecimiento ha sido consecuencia de la apertura comercial. La protección del mercado de EU reducirá nuestras exportaciones, y al abrirnos nosotros más, crecerán nuestras importaciones, lo que atenta sobre la producción nacional y los encadenamientos productivos que ellos quieren impulsar. Además, se incrementaría el déficit de comercio exterior, que nos llevará a mayor devaluación, mayor tasa de interés y mayor contracción del gasto público y de la economía. Por eso el país está como está, con esos economistas del gobierno y del sector privado.