La representante del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla, Carolina González Barranco, ratificó la lista de 355 perseguidos y procesados en el estado por defender sus derechos frente a actos de autoridad, al tiempo de censurar que el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, pretenda “acallar lo evidente” negando esa situación.
En entrevista con La Jornada de Oriente, señaló que la postura asumida por Carrasco durante su comparecencia ante el Congreso local sólo confirma el autoritarismo que imperó a lo largo del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, a través de un Estado que fungió como un ente policiaco para castigar a la disidencia.
Ante la aclaración que realizó el funcionario a los diputados de que la legislación del país no reconoce el término de preso político, recordó al secretario que México supedita su política interna a las recomendaciones de los organismos internacionales.
En esa lógica, sugirió al encargado de la política interna del estado revisar lo que Amnistía Internacional reconoce como “preso de conciencia” y “preso político”, así como a asumir una postura digna e independiente.
Diódoro Carrasco, prosiguió, tiene que admitir que las personas enunciadas en nuestra lista enfrentan procesos y ordenes de aprehensión resultado de luchar para defender sus derechos.
302 casos de perseguidos durante el sexenio de RMV
González Barranco refirió que es la séptima vez que la administración de Moreno Valle rechaza la existencia de presos políticos, pese a que el comité que representa ha contabilizado 302 casos durante el sexenio, de los cuales seis continúan en confinamiento.
A esa cifra se suman 53 procesos y ordenes de aprehensión que el mandatario local en turno heredó de administraciones anteriores y que continúan vigentes contra habitantes de las juntas auxiliares de San Andrés Azumiatla, ubicada en Puebla capital, y Huaxcaleca, del municipio de Chichiquila, abundó.
En relación a los casos de perseguidos que se atribuyen a la administración morenovallista, González Barranco destacó el del ex secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado, Francisco Castillo Montemayor, detenido en noviembre pasado; así como cuatro líderes de la 28 de Octubre, entre estos Rubén Sarabia Sánchez.
Además, recordó que el líder social Delfino Flores Melga fue recluido en prisión durante este gobierno, donde falleció el 24 de junio de 2014 sin gozar las garantías de ley que le hubieran permitido enfrentar el proceso en arresto domiciliario por superar los 90 años de edad.
Las 355 personas que forman parte de la lista fueron sancionadas por el Estado como castigo al disenso manifestado a través de la resistencia pacífica, concluyó.