Dirigentes de la Cámara Regional de los Industriales de la Masa y la Tortilla (Carit) de Tlaxcala denunciaron que 65 de los 250 socios han sido hostigados y amenazados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por haber incrementado entre 9 y 14 por ciento el precio de este producto, por lo que exigieron instalar una mesa de pláticas con el gobierno para que apoye a este sector.
En conferencia de prensa este domingo, Cruz y Bertha Mora Avendaño, presidente y vicepresidente de la Carit, respectivamente, también pidieron a la población que no se les tache de afectar la economía familiar, pues el “ajuste al precio del producto no fue porque lo hayamos querido, simplemente porque los insumos que utilizamos se elevaron de 15 a 20 por ciento, como el gas, la gasolina y la energía eléctrica”.
Además, el precio del maíz se cotizó en 6 mil pesos la tonelada este año, de manera que de 2016 a la fecha se ha incrementado en cerca de 25 por ciento.
“El año pasado estaba en 4 mil 400 pesos la tonelada de maíz y ahora se disparó hasta 6 mil pesos. Si bien es cierto que los insumos han sufrido un incremento, también lo es que hay un índice de inflación en el país y eso todavía no lo hemos puesto en el incremento o ajuste al producto. Todos los productos de la canasta básica y algunos que no lo son también basan su incremento en la tasa inflacionaria que se presenta año con año en el país”, agregó Cruz Mora.
Se quejó de que la delegación de la Profeco realiza de manera permanente monitoreo al precio de la tortilla y “estamos sintiendo un hostigamiento muy fuerte en cuestión de que se nos pone ante el público como personas rebeldes. La misma Profeco nos menciona de que estamos fuera de la ley porque no está autorizado un precio, cuando sabemos que la tortilla es producto libe y no está regido su precio”.
Indicó que como industriales están conscientes que elevar de manera desproporcionada el precio de la tortilla, que es un producto básico, “no nos beneficiaría porque la gente ya no vendría a comprar”.
Agregó que a este sector se le menciona de que ataca a la población vulnerable con el incremento al precio de la tortilla de 11 a 12 pesos el kilo, pero “esa gente compra de comal y ésta se comercializa entre 14 y 15 pesos el kilo, eso es lo que consume la población vulnerable, aquí supuestamente estamos afectando a la población que está en una clase media alta”.
Cruz Mora aseguró que el ajuste era necesario porque “teníamos cuatro años con el mismo precio y habíamos asumido las alzas para la producción. No es cierto que a raíz del gasolinazo aumentó el precio, sino que fue la gota que derramó el vaso”, señaló Cruz Mora.
Por ello, llamó a la población a que no crea que los tortilleros formales están tomando una actitud de rebeldía y de querer afectarla, “la situación ya es apremiante para todos los industriales y es bien importante decir que no vamos a permitir que se nos siga acosando, están llegando requerimientos de 48 horas para contestar y de no ser así, se menciona que nos va a llegar una multa de 25 mil pesos por la no contestación”, denunció.
Pero lo peor de todo es que por cada día que pase sin contestar a los requerimientos de la Profeco, son casi 10 mil pesos más y la amenaza de cancelar el permiso… “qué es eso, acoso, hostigamiento, amenazas o qué, nosotros tenemos derecho a un trabajo digno con base en el artículo 123 constitucional”.
De igual manera, refirió que las contestaciones para sustentar el incremento al precio de la tortilla las deben hacer en la Ciudad de México y no en la delegación de la Profeco.
“Nos piden demostrar por qué hicimos el aumento presentando las facturas, cosa que los que estamos bien establecidos sí las tenemos, en lo que no estamos de acuerdo es que se deben presentar en un término de 48 horas en la Ciudad de México y no en Tlaxcala, cuando tenemos que estar en nuestro negocio de trabajo, ya no los dejamos como antes, antes teníamos más empleados para tener más espacio, pero ahora ya somos parte de los empleados”, apuntó Cruz Mora en la conferencia de prensa.
Indicó que la Profeco ha revisado 65 negocios de Tlaxcala, Zacatelco, Apizaco, Chiautempan y San Pablo del Monte y a la mitad les puso sellos de suspensión, aparte de que no saben a cuántos negocios la Profeco les ha requerido que presenten su documentación en la Ciudad de México en 48 horas.
La Carit tiene 250 socios en Tlaxcala “bien establecidos”, apuntó el dirigente.
Por su parte, Bertha Mora dijo que el ajuste al precio de la tortilla “no es cuestión de rebeldía ni para hacernos ricos, pues ya es insostenible la situación”, aunado a que aún no es el real el incremento porque todavía no reciben la facturación del servicio de energía eléctrica del primer bimestre de 2017, lo cual se sumará a los incrementos a la gasolina y gas LP.
Mencionó que la complicada situación ha llevado a los industriales de este sector a pedir crédito a las gaseras, “porque no podemos pagar el gas al instante, la mayoría de los compañeros ha pedido que les permitan pagar por quincena o mes”.
Por ello, anticipó que los industriales de este sector van a analizar en el transcurso de las próximas semanas si es necesario otro ajuste al precio de la tortilla o pueden seguir absorbiendo “esos impactos”.
A su vez, Cruz Mora alertó que en febrero habrá otro ajuste al precio de los combustibles y “creo que muchos productos van a tener que resentir esos incrementos, ahora algo importante es que hay negocios que operan al margen de la ley y ofrecen el kilo de tortilla a 7 u 8 pesos y es bien cierto que se pierden tráileres cargados de maíz y de harina, se roban gas y eso a dónde va a parar”, preguntó.
Por tanto, ambos exigieron que se instale una mesa diálogo con el gobierno para frenar las amenazas, persecución, intimidación y hostigamientos hacia los tortilleros, pues “cárcel nos quieren dar y las autoridades no nos han dicho vamos a sentarnos”.
La mesa de diálogo que demandan es con la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Profeco y el gobierno estatal, con la finalidad de “ver la posibilidad de que no puedan apoyar, está la cosecha de maíz de Tlaxcala y no la consumimos nosotros porque no nos dan línea de crédito sin intereses para que tengamos la posibilidad de aguantar este precio de la tortilla”, apuntó Cruz Mora.