La delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Edith Padilla Bañuelos informó que esta dependencia inició procedimientos administrativos en contra de 12 establecimientos por incumplir la Ley Federal de Protección al Consumidor, no justificar el incremento de precios, no exhibir lista de precios y no entregar comprobantes de pago al cliente.
Estas acciones son en contra de dos establecimientos de venta de pollo, cuatro gaseras y seis tortillerías que operan en los municipios de Tlaxcala, Apizaco, Chiautempan, Calpulalpan y Zacatelco, abundó.
Mencionó que la Profeco realiza distintos operativos de vigilancia y monitoreo por instrucciones de oficinas centrales, con la finalidad de vigilar que no haya alza de precios de manera injustificada en los productos de la canasta básica por el incremento al costo de los combustibles, gas LP y energía eléctrica que entraron en vigor a inicios de este año.
En entrevista, Padilla Bañuelos explicó que la Profeco lleva a cabo diversas acciones para evitar el incremento injustificado en los precios de la canasta básica, a la fecha realizamos verificaciones y monitoreos sobre todo de gas LP, tortilla, pan, huevo, pollo y demás artículos de la canasta básica que en total se compone por 35 productos.
En el caso del precio de la tortilla, especificó que hay seis establecimientos con posibles violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, de manera que se han aplicado medidas precautorias.
“En este momento se encuentran suspendidas o en proceso de justificar documentalmente el por qué existe un incremento, pues elevaron el precio de la tortilla de 10 a 13 pesos.
En cuanto a las verificaciones del precio del pollo y huevo, la Profeco suspendió actividades comerciales en dos establecimientos del primer giro por posibles incrementos injustificados.
Mientras que en el monitoreo del precio de gas LP, la delegación encontró negativa a una verificación en una empresa y en otras se inmovilizaron 25 cilindros por encontrarse fuera de tolerancia permitida.
“Algunos camiones repartidores de gas no cuentan con la información adecuada que obliga la ley, como es exhibir el precio del producto y esto da lugar a la inmovilización”, indicó.
Padilla Bañuelos mencionó que las verificaciones se han realizado en Apizaco, Chiautempan, Calpulalpan, Tlaxcala y Zacatelco, pues son los municipios donde hay mayor actividad comercial y se pone en riesgo la economía de los tlaxcaltecas.
Por último, explicó que este tipo de acciones busca que los proveedores y prestadores de servicios realicen la venta de productos sin incurrir en abusos amparados con el incremento al precio de los combustibles y con ello pongan en riesgo la economía de los consumidores.