Agentes operativos y administrativos de la Policía Estatal Preventiva de Puebla denunciaron ante la Contraloría del estado que son víctimas maltrato, violación a sus derechos humanos y laborales, así como de abuso de autoridad por parte de sus directivos, a quienes acusan de dar protección a bandas dedicadas al robo de combustible a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), comúnmente llamados huachicoleros.
En la queja presentada ante la dependencia, acusaron al director de la Policía Estatal, Anhuar Fernández Redondo, gente del ex secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas.
Anhuar Fernández arribó a la Dirección de la Policía Estatal en 2015, para sustituir al comandante Marco Antonio Estrada López, quien está preso por presuntamente proteger a una banda del crimen organizado.
Los inconformes también señalaron al director el Inspector General, Guillermo Palma Salazar, y al oficial Julio César Muñoz Arrieta.
La información circuló este día a través del comunicado número 25 emitido por los inconformes a los medios de comunicación, donde informaron que la denuncia se presentó también a través de la Dirección de Atención a Quejas Ciudadanas, para evitar represalias y despidos injustificados.
Los policías recordaron que la problemática es añeja, como quedó asentada en la queja con número de expediente 12/2015, por abuso y violencia de sus mandos medios; sin embargo, señalaron que es el momento que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, no resuelve sus demandas.
El escrito que hacen circular en redes sociales informa que Julio Adrián Bravo Águila, habitante de la junta auxiliar de Chachapa, es quien lidera el robo de hidrocarburo en la región, con el resguardo de la policía estatal.
Los informantes precisaron que el día 9 de octubre de 2016, a las 16 horas, el oficial Julio César Muñoz, encargado del Sector 1 de la Policía Estatal, amigo y protegido por el mismo inspector general Guillermo Palma Salazar, dio protección a los huachicoleros.
Relataron que los hechos se registraron en la calle Miguel Hidalgo de la comunidad de Chachapa, unas calles antes de pasar la autopista México-Puebla, donde el policía facilitó la huida a Julio Adrián a cambio de muebles y dinero, mientras a sus compañeros que desconocían el trato, les ordenó que remitieran a la suegra y esposa del delincuente a su casa.
A partir de entonces, aseguraron que el mismo policía se dedicó hacer tratos con el huachicolero.
Posteriormente, citaron, el día 18 de diciembre pasado, el policía Julio César interceptó dos trailers, uno de ellos con 6 mil litros de combustible robado, en la comunidad de San Miguel Canoa.
Para dejarlos transitar, el agente exigió un pago de 100 mil pesos a los choferes, pero sólo le fue entregado 20 mil pesos como anticipo e intención de trabajar de manera conjunta.
Revelaron que esa ocasión tanto las personas y los vehículos no fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
En represalia, informaron que los supuestos huachicoleros grabaron la extorsión del policía Julio César, que después hicieron llegar a la Secretaría General de Gobierno (SGG).
“Gobernación llamó al director Anhuar, a quien le informaron que arreglara la situación por el caso de Canoa, pero sólo procedió que trasladaran al oficial Julio César del Sector 1 al 3”, expusieron.
Dijeron que el policía vinculado a las bandas delictivas se quedó en Puebla, porque el inspector General, Guillermo Palma Salazar metió las manos por él para que no fuera reubicado al municipio de Francisco Z Mena, a manera de castigo.
Actualmente, indicaron que Julio César se encuentra en el Sector 3 de la Policía, y como agregado le dieron un vehículo para circular, como si nada hubiera pasado.
No obstante, comentaron que los actos de extorsión y corrupción no acabaron ahí, pues este 13 de enero a las 8 horas, el mismo policía Julio César estuvo a punto de ser linchado en la colonia Popular, por colonos que salieron en defensa de presuntos narcomenudistas a quienes intentó extorsionar. En su rescate, precisaron, llegaron agentes de los sectores 3 y 6.
Ante lo expuesto, exigieron a la Contraloría su intervención para la investigación a los servidores públicos involucrados, además de los abusos que comente en contra del personal de base, violando sus derechos humanos y laborales.