El Congreso de Puebla no adoptará medidas de austeridad ante la crisis, dio a conocer el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui, al ser cuestionado sobre el movimiento que se impulsa a nivel nacional para desaparecer los beneficios económicos que gozan los integrantes de los poderes del Estado y los organismos autónomos.
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) alegó que esas medidas no contribuirán a paliar los aprietos económicos que viven los habitantes de México, pues a su parecer carecen de un propósito bien definido.
“De poco a nada sirve que haya ahorros en una dependencia, entidad, secretaría o Congreso si no tienen un objetivo claro e inteligente”, destacó en entrevista.
En lugar de medidas de austeridad, Aguilar anticipó que el Poder Legislativo local impulsará acciones para “contribuir a la economía familiar”, de las que no abundó porque se darán a conocer de manera oficial en conferencia de medios este día.
Consejeros electorales y senadores ponen el ejemplo
La semana pasada el Instituto Nacional Electoral (INE) canceló la construcción de su nueva sede, por lo que puso a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los mil 70 millones de pesos que se programaron para detonar ese proyecto este año.
Asimismo, los consejeros electorales avalaron una reducción de 10 por ciento a su salario y renunciaron a la prestación de telefonía celular.
En el Senado de la República, el coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Miguel Barbosa Huerta, propuso el lunes anterior una reducción de 20 por ciento al gasto anual de esa cámara, lo que generaría un ahorro de 908 millones 394 mil pesos.
Una de las partidas que sugirió eliminar es la correspondiente a la erogación que se realiza de manera periódica para cubrir el costo de los seguros médicos contratados a favor de todos los senadores.
El perredista también propuso recortar el presupuesto de la Federación 2017 en un 20 por ciento, para reducir los beneficios que gozan funcionarios de primer y segundo nivel de las dependencias federales y los órganos autónomos.