Isaías Galicia Alonso
La primera semana del año ha sido de mucha movilización ciudadana a través de marchas y cierre de carreteras en casi todas las entidades del país, esto como resultado de un descontento generalizado por los nuevos precios aplicados a los combustibles.
Y no es para menos, pues a pesar de parecer que este tipo de aumentos solo afectan a personas que utilizan o tienen automóvil, terminan afectando a los ciudadanos y ciudadanas de “a pie”, pues el incremento al precio de los combustibles termina repercutiendo en la canasta básica y en todos los productos, pues éstos se transportan con vehículos que utilizan dicho carburante, afectando (como siempre) a los y las que menos tienen.
Resulta bastante absurdo que desde la más alta esfera política que en este momento se encuentra en el poder, se pida comprensión y con explicaciones nada creíbles, se justifica el aumento a los combustibles, señalando que “ha sido muy difícil para el gobierno en este momento subir el precio de las gasolinas”, y hacer una serie de recortes presupuestales para abatir la crisis económica que se está presentando.
Sin embargo, la clase política de este país lucra con sus puestos, haciendo y deshaciendo negocios en beneficio de sus bolsillos y como siempre para un círculo muy pequeño de clase acomodada. Lo anterior mediante la manipulación del presupuesto federal, estatal y municipal, asignándose altos salarios, aguinaldos estratosféricos, bonos y prestaciones sorprendentes, viajes solo para hacer “turismo político” –cargados éstos al erario–, mayores ingresos a los partidos políticos para su manutención y un increíble enriquecimiento ilícito y cínico por parte de ex gobernadores.
Tras este contexto de descontento social generalizado y plasmado en decenas de marchas en todo el país, han aparecido, simultáneamente, actos de rapiña y violencia tanto en grandes tiendas de autoservicio trasnacionales, como en pequeños comercios de todo el país, ocasionando en la ciudadanía una especie de psicosis social por la “violencia en las calles”.
Las redes sociales han contribuido a esta especie de histeria social, pues según una entrevista del sitio Lo Que Sigue, dada al portal Sin Embargo, el pasado 4 de enero cientos de cuentas de bots y trolls lograron posicionar el Trending Topic #SaqueaUnWalmart desde ubicaciones fuera del país, contabilizando 485 cuentas y mil 501 mensajes en twitter. Ello, aunado a los muchos mensajes enviados por la popular red social WhatsApp, donde se pedía a la ciudadanía no salir durante las marchas y encerrarse en sus casas o negocios por los actos de violencia y rapiña que se ocasionarían durante la misma.
Para muchas organizaciones de la sociedad civil, esto es claramente una “estrategia gubernamental” para intentar callar, intimidar y disminuir las protestas e inconformidades sociales contra el llamado “gasolinazo”, al intentar, por una parte, desacreditar a los manifestantes y su descontento popular, exhibiendo a los que protestan como vándalos que buscan destruir y robar, y por otra parte, crear pánico y un sentimiento de inseguridad generalizado en las calles, para que los ciudadanos no salgan a expresar su descontento. Intentando deslegitimar el movimiento en contra de los aumentos al precio de los combustibles y desviando la atención sobre las graves repercusiones que este tipo de acciones gubernamentales terminan significando para la endeble economía familiar.
Tras todo este panorama pareciera que 2017 se avizora como un año muy difícil a nivel político, social y económico. Pero también como un año para retomar algunas prácticas que por cientos de años han hecho resistir y han protegido a nuestras comunidades ante este tipo de embates (comunidades entendiéndolo no solo como un espacio geográfico rural, sino también como los espacios familiares y colectivos donde nos desenvolvemos).
Los principios de solidaridad, de pensarse en colectivo y no solo como individuo, de autoconsumo o bien la “soberanía alimentaria” (producir nuestros propios alimentos y no depender de las grandes empresas), son algunas de las alternativas con las que podemos enfrentar el embate que las autoridades nos están haciendo.
Sabemos que no es una tarea sencilla retornar a los principios que por siglos nos regían como comunidades, ya que por décadas sistemáticamente los medios de comunicación, el sistema económico y la “vida líquida”, nos ha ido quitando nuestra memoria histórica, de ser sujetos “colectivos”, dueños de nuestro propio destino y nuestra propia historia, nos han vuelto sujetos pasivos y dependientes.
No hay que olvidar que esta resistencia común debe ir acompañada de una clara exigencia al Estado, para que cumpla su función de servir a la ciudadanía y no servirse de la misma. ¡Hagamos resistencia, sin rendirnos!