Luis Miguel Barbosa Huerta, senador del PRD, propone una iniciativa de ley para regular la participación del ejército y la marina en tareas de seguridad pública con el fin de impedir que sean utilizados por los gobiernos para reprimir y amedrentar movimientos sociales, político o electorales.
El legislador oriundo de Puebla anunció el proyecto durante la apertura de la reunión de trabajo sobre de Ley de Seguridad Interior en el Congreso de la Unión, donde explicó que el objetivo de su iniciativa es definir reglas claras para hacer frente a una amenaza a la integridad de los ciudadanos.
“Este gobierno ha sido incapaz de construir una política de Estado en materia de seguridad.
Lo que existe es un conjunto de decisiones inconexas, improvisadas e idénticas a las de gobiernos anteriores”, censuró.
Al hacer uso del micrófono durante el cónclave en el que participaron senadores y diputados federales, Barbosa explicó que la iniciativa de ley que impulsa se soporta en cuatro pilares, uno de los cuales es trazar una ruta crítica que establezca plazos, condiciones y procedimientos para un regreso gradual de las fuerzas armadas a sus cuarteles.
Asimismo, refirió que la intervención debe ser temporal, en una región determinada, proporcional al problema y respetuosa con los derechos humanos.
“No (se puede) considerar, bajo ninguna circunstancia, como amenazas a la seguridad interior, las acciones relacionadas con movimientos o conflictos sociales, políticos o electorales”, abundó.
Los dos pilares restantes de la propuesta es aplicar la Ley de Seguridad Interior de manera excepcional, así como un esquema de control parlamentario eficaz a través del Senado de la República para que pueda formular objeción al decreto del Ejecutivo Federal. 1. Una ruta crítica que establezca plazos, condiciones y procedimientos para un regreso gradual de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles.
- La aplicación de la Ley de Seguridad Interior debe ser verdaderamente de carácter excepcional.
- Esta intervención debe ser temporal, en una región determinada, proporcional al problema y respetuosa con todos los Derechos Humanos.
- Esta ley debe tener un esquema de control parlamentario eficaz. El Senado debe poder formular objeción al Decreto del Ejecutivo Federal.
Los errores del esquema actual
Barbosa consideró que el problema del esquema de seguridad actual es que se basa en la improvisación, pues cuando ocurre un brote de violencia criminal en alguna entidad federativa la respuesta estatal consiste en trasladar a ésta a las fuerzas federales: el ejército, la marina y Policía federal.
Los efectivos permanecen ahí hasta que los criminales se repliegan o explota una crisis de inseguridad en otro estado. “Cuando se retiran, los grupos criminales retoman la misma intensidad de su actividad delictiva en la entidad”, denunció.
Además, exhibió que el gobierno federal mantuvo dinámicas provenientes del sexenio anterior “que ya han mostrado su ineficacia e incluso sus efectos contraproducentes”, como la consistente en descabezar a los grupos criminales mediante la captura o eliminación de sus líderes sin priorizar del mismo modo la desarticulación total del grupo.
“A lo largo de los últimos ocho años esta decisión ha provocado la fragmentación de varios grupos de la delincuencia organizada y el surgimiento de nuevos, los cuales en muchos casos abandonan o reducen su actividad en el narcotráfico y en cambio intensifican la comisión de delitos predatorios como el secuestro, la extorsión o la trata de personas”, ilustró.