En respuesta a la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) de aplicar la ley e impedirle promoción política anticipada, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, acusó al organismo de coartarle su derecho a la libertad de expresión, por vedarle la posibilidad de hablar “sobre mis cualidades personales y logros de gobierno” (sic).
Lo dicho por el mandatario estatal resulta, en el mejor de los casos, una broma de mal gusto, pues en su ejercicio como mandatario estatal, la censura ha sido uno de los sellos distintivos.
No abundaremos de nuevo en los intentos por asfixiar económicamente a esta casa editorial hasta “exterminarla”. Basta con señalar lo que ha pasado con otros medios y periodistas, varios de los cuales incluso estuvieron a punto de ser sustituidos, como sucedió con uno que suele presentar noticias de inseguridad, casi siempre de delincuencia común, cuya información resulta poco vinculada a las carencias y abusos de este gobierno. Pues bien, a este informador lo acosaron y estuvieron a punto de sacarlo de la emisora en la cadena emisora en la que lleva décadas trabajando.
Es así que la censura contra medios y comunicadores, contra voces disidentes y críticas desde la sociedad civil, están a la vista y si no hay que revisar los casos de 355 personas presas, perseguidas o procesadas políticas en este sexenio, todas ellas reprimidas por expresar su inconformidad con las políticas gubernamentales o por defender sus derechos.