Isaías Galicia Alonso
Desde hace varios años, gobernadores de los estados de Puebla y Tlaxcala no se han cansado de anunciar con bombo y platillo planes conjuntos de saneamiento para el río Atoyac, ofrecimiento que hasta el momento sigue sin ser del todo claro. El anuncio lo han presentado tanto en sus campañas como candidatos a gobernadores, como cuando ya están en funciones.
Héctor Ortiz Ortiz, Mario Marín Torres, Mariano González Zarur y Rafael Moreno Valle, todos han ofrecido lo mismo, estos gobernadores han entrado y salido del poder en ambas demarcaciones y el plan de saneamiento que han presentado pareciera verse como un plan de deterioro a las condiciones del cuerpo de agua y a la vida misma, pues las políticas que han implementado se inclinan a la atracción de inversión hacia la ampliación y creación de nuevos corredores fabriles, quienes explotan y acaban con los bienes naturales existentes en las comunidades, todo ello sin mejorar los mecanismos de protección ambiental, generando degradación en los ecosistemas, a la salud de las personas y a la vida de los pueblos.
La delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Tlaxcala ha sido un actor que ha retomado el ya viejo discurso del saneamiento del cauce del Atoyac en conjunto con el también contaminado río Zahuapan.
Para muestra sólo falta recordar que hace algunos meses el delegado de Conagua, Epifanio Gómez Tapia, hablaba de que una de las principales demandas de la población tlaxcalteca era el saneamiento de los ríos Zahuapan y Atoyac, de ahí que durante su administración se enfocaría a cumplir con este objetivo, teniendo en cuenta la conformación del proyecto de presupuesto de 2017 para la dirección local de la Conagua.
La peculiaridad de intentar solucionar esta grave problemática en las comunidades pareciera no tener mayor relevancia; sin embargo, se ha difundido en diversos medios de comunicación que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 tendrán un recorte de 72 por ciento en los recursos para agua y saneamiento.
Es importante señalar que mientras en 2016, el mismo rubro, tuvo un presupuesto de 12.6 mil millones de pesos, para 2017 éste se redujo a 3.6 mil millones, es decir, un recorte de 72 por ciento.
Y en el caso de Tlaxcala pasó de ser de casi 121 millones de pesos en 2016 a menos de 39 millones de pesos proyectados para 2017, es decir, casi un 70 por ciento menos en comparación con el año pasado.
Esta lamentable situación nos deja muy en claro la postura de los partidos políticos y el gobierno en turno, que son y seguirán siendo los tratados de libre comercio, las políticas internacionales y los intereses de las trasnacionales los que dictaminen las políticas públicas y los rubros donde se tendrá que inyectar mayor recurso federal.
Con este panorama pareciera que, si de por sí los gobiernos locales anteriores han simulado planes de saneamientos y acciones (insuficientes e ineficientes) para la limpieza de ambos cuerpos de agua (Atoyac y Zahuapan), ahora tendrán un buen pretexto para continuar con la omisión de atender estas difíciles y graves problemáticas socio–ambientales, que acarrea la contaminación toxico–industrial y de drenajes municipales en las zonas donde cruzan estos ríos.
Por tanto, la exigencia ciudadana hacia el gobierno entrante, tiene que ser mayor, exigir que se respeten los derechos plasmados en los pactos internacionales, como es el derecho a vivir en un medio ambiente sano, derecho a la salud y a la vida.
Ante toda esta realidad de recorte presupuestal, contaminación y privatización de los recursos hídricos, representantes de la Coordinadora Nacional “Agua para todos, agua para la vida” , informaron sobre el lanzamiento de la última etapa de la campaña de firmas a nivel nacional para presentar la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (ICLGA), que propone soluciones a la crisis del agua y presupuestos que garanticen el derecho humano al agua, el acceso al agua de calidad para todas y todos, para ecosistemas y para la soberanía alimentaria; poniendo fin a la contaminación del agua, a la destrucción de las cuencas y acuíferos y a la vulnerabilidad prevenible a sequías e inundaciones, toda vez que se alcancen las más de 104 mil firmas requeridas por ley (recolectadas hasta ahora cerca de 90 mil) para poder subirlo a discusión.
La solución está en la organización de las comunidades y de la sociedad civil organizada. Tenemos que cambiar el rumbo de estas políticas neoliberales, pues las cosas no siempre han sido así, ¡Urge un cambio y la responsabilidad está en la sociedad en su conjunto, promovámoslo!