La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de su delegación en Puebla, aprobó la realización de una consulta pública para determinar la viabilidad de aprobar la solicitud del Grupo Sadasi para talar 2.3 hectáreas de bosque de encino en la zona de La Calera.
La determinación fue tomada el 8 de noviembre pasado y notificada por la delegada, Daniela Migoya Mastretta, a la solicitante de la consulta –la periodista ambiental Pame Tajonar– el pasado viernes.
Sin embargo, ha trascendido que, del área que la inmobiliaria pretende depredar, sólo una muy pequeña corresponde a la jurisdicción de la Semarnat, porque la mayor se encuentra en el ámbito de competencia del ayuntamiento de la capital estatal, debido al Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla, aprobado este año por el cabildo.
Sobre la consulta, Pame Tajonar opinó: “la Semarnat se lava las manos con la historia de que hay muy pocos encinos: ¡claro!, las constructoras han hecho una depredación hormiga a lo largo de los últimos cinco o seis años y el ayuntamiento ha sido cómplice”.
A la par de la noticia sobre la consulta pública para La Calera, Enrique Gil, otro activista defensor del medio ambiente, informó que tramitó una queja recordatoria contra las autoridades ambientales, debido a su omisión en la protección de los bosques que busca acabar Sadasi.
Los vecinos de las colonias aledañas al proyecto Bosques de Chapultepec –cuya ampliación es la que promueve Sadasi en las 2.3 hectáreas referidas líneas arriba– dieron a conocer un boletín informativo en el que manifiestan que el análisis que hace la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre el caso “debe ser suspendido, hasta en cuanto no se realice en primer lugar, la inspección solicitada que fue sellada de recibida por” por la dependencia “con fecha del 19 de febrero, 2016, bajo el oficio DFP/0029/2016.
“De allí es inminente que con los daños ambientales y más de 550 árboles endémicos (que no existen en otra parte del mundo), procede la clausura total y definitiva de la obra, con las consecuentes sanciones económicas y restitución del daño ambiental. De acuerdo al Código Penal Federal, la LGEEPA, y demás Leyes Federales, esta reparación del daño consiste en reforestar a su estado base (a como estaba el lugar antes del ecocidio), la demolición de lo construido, la reforestación con especies nativas (endémicas), en el lugar de los hechos, y asegurarse de que a lo largo de los años sobrevivirán las especies reforestadas”, agregan los quejosos.
Y añaden que la delegada de la Semarnat, Daniela Migoya Mastretta, y su homóloga de la de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Laura Zapara Martínez, “han sido omisas, y tampoco han denunciado estos hechos que son tipificados como delitos penales del orden federal”.
Los vecinos tienen planeado “denunciar de nuevo a estas dos delegadas ante la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República, porque han estado actuando en contra de las Leyes, con sus omisiones graves y dolosas y probable encubrimiento”.
Los ciudadanos que remiten el boletín afirman que “han aportado 40 fotografías, y tienen videos y cientos de fotografías y videos, junto con testigos vecinales, para armar los expedientes penales y administrativos en contra de la inmobiliaria ecocida y las dos delegadas”.