Diódoro Carrasco Altamirano ha sido la decepción del fin del sexenio, ya cada mes que pasa en lugar de parecer un aliado, un amigo, un operador eficiente del morenovallismo perece ser un enemigo, un saboteador, un destructor de la estabilidad del estado de Puebla. A lo largo de su corta gestión como secretario general de Gobierno se ha sufrido el peor deterioro en materia de seguridad pública, un aumento de las ejecuciones, de los actos de justicia propia de ciudadanos en contra de delincuentes y un número importante de alcaldes se ven acosados, disminuidos, por las bandas de huachicoleros. Todo ello ha generado un clima de ingobernabilidad.
Carrasco Altamirano llegó a Puebla en los primeros días de este año con la misión de que mientras el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas se dedicara a recorrer el país en la búsqueda de la candidatura presidencial, el ex mandatario oaxaqueño sería un garante de mantener la estabilidad social y política de la entidad, para evitar sobresaltos que pongan en riesgo las aspiraciones del jefe del Poder Ejecutivo. Esa encomienda no se ha cumplido en lo más mínimo.
De los cuatro titulares que han pasado por la Secretaría General de Gobierno (SGG) –que incluye a Fernando Manzanilla Prieto, Luis Maldonado Venegas y Jorge Benito Cruz Bermúdez– el que supuestamente tenía más experiencia y talento político era Diódoro Carrasco, pero paradójicamente es el que está ofreciendo los peores resultados y no parece tener la más mínima idea de cómo frenar el dominio de los cárteles huachicoleros, del desbordamiento de la delincuencia y la violencia contra las mujeres, así como la ola de ajusticiamientos de la población contra los criminales.
Los cuatro responsables de la SGG que ha habido en el sexenio, todos han tenido características similares: ninguno es originario de Puebla, han sido ignorantes de la realidad socioeconómica del estado, son autoritarios y nada dialogantes. La única diferencia es que solamente al cuarto de ellos, es decir a Diódoro Carrasco, se le ha salido de control la estabilidad de importantes regiones de la entidad.
Durante el tiempo que ha estado Carrasco Altamirano en el segundo cargo más importante del Poder Ejecutivo se han contabilizado por lo menos 45 casos de intentos de linchamiento, lo cual es una reacción a la falta de confianza de la población al aparato de justicia local.
Algo que llama la atención es que los linchamientos eran propios de comunidades rurales o suburbanas. Ahora no es así, en la capital del estado se ha vuelto común que la gente agarre a presuntos delincuentes y mejor les metan una paliza en lugar de entregarlos a las autoridades, que siempre protegen a los criminales y los acaban liberando.
El nuevo sistema de justicia penal está agravando esta situación, ya que ahora es muy complicado presentar una denuncia ante el Ministerio Público y que los delincuentes sean vinculados a un proceso penal. Por tanto este modelo está alejado a la población de las instituciones encargadas de procurar justicia, y frente a dicho fiasco se observa a un Diódoro Carrasco mudo, insensible, insensato, ajeno, a los problemas de la población.
Paralelamente las bandas dedicadas al robo de ductos de Pemex han impuesto su ley en por lo menos cinco docenas de municipios, en donde los alcaldes son intimidados, en unos casos, y en otros controlados por los huachicoleros, quienes sostienen una guerra intestina que ha dejado una estela de ejecuciones, destrucción de vehículos, fugas de combustible y un notable incremento del negocio de trata de personas, extorsiones y secuestros.
Un ejemplo es lo que pasa en el llamado “triangulo rojo”, al sur del estado, en la zona conurbada de Cuautlancingo y en la Sierra Norte en la región de Xicotepec de Juárez, en donde tan solo en este año han sido ejecutados un periodista, una destacada abogada y los sobrinos de un notarios. Sin contar que un número importante de comerciantes, ganaderos y empresarios de esa zona, junto con la de Teziutlán y Huauchinango, que han sufrido extorsiones o secuestros.
Otra ola es la de los feminicidios, que ya rebasa las 70 victimas. La única respuesta que ofrece Diódoro Carrasco es ignorar la realidad y poner en marcha programas de prevención de la violencia contra las mujeres, los cuales son solamente acciones para guardar las apariencias y no están dirigidos a frenar los homicidios de féminas.
Por esa ineficiencia del secretario de Gobierno, Rafael Moreno Valle Rosas se está despidiendo del poder en Puebla bajo una estela de ejecutados, de secuestros, de homicidios dolosos, feminicidios y el dominio de los huachicoleros.
Y por otro lado Antonio Gali Fayad va a encontrar un grado de violencia que difícilmente va poder contener.