El senador del Partido Acción Nacional (PAN) Javier Lozano Alarcón se negó a proporcionar el costo de la propaganda que desplegó por todo el estado para poder promover su imagen a través de su informe de labores, al tiempo de confirmar su interés en competir por la gubernatura del estado de Puebla.
Sin embargo, aclaró que la titularidad del Poder Ejecutivo local no es el único cargo que tiene en mente, porque también considera regresar al gabinete federal como secretario de Estado “con suerte y (si) nos sale bien el tiro con (Rafael) Moreno Valle”, como aspirante a la presidencia de la República.
Lozano encabezó el día de ayer una conferencia de medios para continuar la promoción de su informe, la cual inició la semana pasada a través de anuncios en parabuses, bardas, espectaculares y spots que difunden su imagen y las obras del sexenio morenovallista bajo el lema “Carácter para transformar”.
El ex secretario de Trabajo y Previsión Social, cargo que ocupó en el sexenio de Felipe Calderón, reconoció que la publicidad de este informe alcanzó una mayor cobertura respecto a la de los tres años anteriores, pero negó que tenga el objetivo de posicionarlo como aspirante a Casa Puebla para las elecciones de 2018.
Lozano Alarcón aseguró que pagó la publicidad con “ahorros” y los recursos previstos para el acto protocolario, el cual no se llevará a cabo debido a que tiene menor impacto mediático entre los ciudadanos.
Al ser cuestionado sobre el costo de la campaña, el senador no lo proporcionó bajo el argumento de que no contaba en ese momento con cifras exactas.
Sobre el contenido de su publicidad, que destaca las obras de la administración estatal en turno bajo un lema similar al del gobierno de Moreno Valle “Acciones que transforman”, Lozano explicó que lo hizo “muy orgulloso” porque se considera parte “de esa transformación”.
En otro tema, el senador de Acción Nacional defendió que el gobernador de Puebla no promoviera la desaparición del fuero en la reforma constitucional que puso en marcha el Sistema Estatal Anticorrupción.
Arguyó que la supresión de esa garantía de inmunidad procesal se tiene que discutir primero a nivel federal, por lo que criticó a los estados que ya la eliminaron de sus marcos normativos.