Con las últimas aprobaciones que habrá en el Congreso local –de aquí a fin de año– queda evidenciado que de punta a punta en el actual sexenio que está por fenecer, siempre hubo un acuerdo de protección a la corrupción, a la impunidad, a los excesos de poder, entre el PRI y el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Sólo eso explica la ausencia casi total de castigos a los cohechos ocurridos en el marinismo y el morenovallismo.
Los nulos resultados en el combate a la corrupción son una prueba de que si hubo una elección negociada en 2010, entre Moreno Valle y la cúpula del PRI poblano de ese entonces, ya que solo eso explica porque a lo largo del sexenio que concluye en tres meses y medio no se tocó al grupo político marinista.
Y viceversa, a lo largo de estos seis años legisladores y dirigentes del PRI no han sido un obstáculo a los excesos de poder de los morenovallistas. Ahora los diputados tricolores están listos para dejar aprobado –en este año– un andamiaje jurídico anticorrupción que está construido para dar impunidad al grupo del gobernador saliente.
La actitud complaciente del PRI con Moreno Valle –desde finales de 2013– ya no fue resultado de una negociación con Mario Marín Torres, sino entre el gobierno morenovallista y Los Pinos.
Se dice que al inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto se habría descubierto un caso importante de corrupción del Poder Ejecutivo de Puebla, razón por la cual Rafael Moreno Valle por mucho tiempo estuvo preocupado y con la certeza de que un miembro del gabinete, de los llamados morenovallistas puros, podía ser objeto de un proceso penal que lo podía llevar a la cárcel.
Sin embargo, los oficios políticos de Moreno Valle, principalmente como promotor –desde el PAN—de las reformas estructurales de Peña Nieto, lo convirtieron en un gobernador que pasó de ser en un mandatario con riesgos de sufrir investigaciones severas por el presunto mal uso de fondos federales a ser uno de los consentidos de Los Pinos. Hasta la fecha se le aprecia mucho en el grupo político del presidente de la República.
No solo la promoción de las reformas le abrieron a Moreno Valle las puertas de Los Pinos, sino fue fundamental que las empresas consentidas del Grupo Atlacomulco obtuvieran jugosos y abusivos contratos de obra en Puebla, los cuales acabarán provocando una criminal sangría a la hacienda pública del estado. Ya hay cálculos de que los pasivos que dejarán los morenovallistas son muy superiores a los 65 mil millones de pesos.
Una prueba de ese cambio es que al inicio de la administración de Peña Nieto, todos los delegados federales de Puebla contaban con singular alegría que había una orden expresa y directa desde la sede la Secretaría de Gobernación federal –a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong– de que todas las obras del gobierno de Puebla que se hicieran con recursos federales se tendría que evidenciar con campañas informativas, con carteles, con placas metálicas, que se habían ejecutado con presupuesto otorgado mayoritariamente por el gobierno de la República.
Esa disposición se perdió. Ocurrió todo lo contrario, Moreno Valle ha echado mano de obras y programas federales como si fueran de su gobierno, como si él hubiera puesto el presupuesto. Mientras tanto, los delegados federales tuvieron que tragarse sus palabras y quedarse callados para no ser echados de sus cargos por indisciplina.
Los acuerdos, primero entre marinistas y morenovallistas, permitió que solamente se metiera una corta temporada a la cárcel a Alfredo Arango, el ex secretario de Salud, quien fue el chivo expiatorio y el castigo que sufrió no fue proporcional al supuesto desfalco que cometió de varios cientos de millones de pesos. Han pasado más tiempo en prisión ciudadanos que han robado unos cuantos miles de pesos, que el periodo en que Arango estuvo en una celda y al final en un cuarto de un hospital privado, supuestamente por una lesión en la columna vertebral.
Se sabe que durante el marinismo hubo docenas de actos de corrupción en las compras de fármacos, de ropa hospitalaria, en el equipamiento de hospitales y en la construcción de nosocomios. Que se inflaron los costos de la obra pública. Que se otorgaron preliberaciones a presos peligrosos. Que se usaron recursos públicos para inversiones financieras privadas de miembros del gabinete, entre otros escándalos. Todo eso quedó en la impunidad. No se castigó a nadie.
Ahora en el morenovallismo pasa lo mismo. Nadie está investigando por qué la obra pública cuesta tres o cuatro veces más que en sexenios anteriores. Por qué los hospitales públicos sufren tantas carencias de medicamentos y personal. Por qué no hay políticas públicas relevantes en las áreas de desarrollo social, del campo y de la procuración de justicia. Por qué creció de manera alarmante el robo de combustible, el narcomenudeo, el lavado de dinero en desarrollos inmobiliarios y los asaltos en carreteras. Al final nadie del gobierno va a ser sancionado.
Una prueba de lo anterior es que Facundo Rosas, el ex secretario de Seguridad Pública, no fue tocado ni con un pétalo, luego de que se descubrió a dos de sus subordinados dando protección a las bandas dedicadas al robo de gasolina en los ductos de Pemex.
La frase que sin duda han compartido marinistas y morenovallistas, priistas y panistas, es: en Puebla no pasa nada malo.
O mejor dicho: todos somos amigos de todos, aunque no lo parezca.