En los últimos lustros los mexicanos hemos presenciado un continuo asedio para abrir el sector energético nacional a la inversión privada. La reforma energética impuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido la acción que concreta estas intenciones, sepultando con ello la posibilidad de la soberanía energética en la nación mexicana. La imposición fue lograda con el servicio de legisladores, que se encargaron de aprobar de forma presurosa y sin discusión los cambios constitucionales y de elaborar las leyes requeridas. Este proceso estuvo acompañado de una campaña mediática que intentaba mostrar los supuestos beneficios que traería la reforma energética, con un discurso que cuestionamos muchos, que convence a pocos y que con el paso del tiempo evidencia su falsedad. Uno de los mensajes que intenta imponer este discurso es que los mexicanos tenemos que ampliar la infraestructura para generar más energía, lo que a su vez traerá beneficios sociales. El presente escrito surge a raíz de refutar ese falso discurso, a partir de lo que estamos viviendo desde los pueblos de la Sierra Norte de Puebla, ante la amenaza por la llegada de megaproyectos a nuestros territorios.
El 29 y 30 de septiembre del presente año la Secretaría de Energía y el Banco Interamericano de Desarrollo llevan a cabo la “1ª Reunión nacional de beneficios sociales compartidos de proyectos de energía”. Por alguna razón, los organizadores enviaron una invitación a la Cooperativa Tosepan Titataniske para participar en este acto, invitación que nos causó sorpresa, toda vez que nuestra organización ha sido una de las tantas en la Sierra Norte de Puebla que durante los últimos cuatro años ha dedicado sus esfuerzos a defender el territorio contra la imposición de proyectos extractivos, buena parte de ellos derivados del sector energético. Para ello, hemos construido redes de lucha y resistencia con otras organizaciones serranas, con las que hemos integrado en el Consejo Tiyat Tlali. Hicimos saber a quienes enviaron esta invitación la postura de nuestra organización; sin embargo, ellos insistieron en nuestra participación. Aprovechamos entonces el espacio, no para discutir sobre los supuestos beneficios sociales de los proyectos de energía, sino para evidenciar las acciones que están implementando quienes intentan imponer proyectos de energía en nuestros territorios, aprovechando que estarán presentes en el evento algunas instancias que están directamente implicadas en los casos. A la vez, aprovechamos para hacer pública nuestra reflexión, desde la que denunciamos que el discurso de los beneficios sociales se pronuncia como una máscara que intenta ocultar el despojo a los territorios de los pueblos de México.
Los pueblos de la Sierra Norte de Puebla se están viendo asediados por las industrias extractivas, que intentan establecerse a lo largo y ancho de su territorio. Esta es una amenaza sin precedentes en su historia, por la magnitud y la intensidad que esto representa, con una distribución que ubica a la minería en las zonas altas de las cuencas, las hidroeléctricas en las zonas medias y la extracción de hidrocarburos en las zonas bajas. Los riesgos que estos proyectos representan, y las formas en cómo se buscan imponer, han generado el rechazo de los pueblos que han emprendido la lucha para evitar su imposición.
Una buena muestra de este fenómeno son los proyectos de generación y distribución de energía a través de hidroeléctricas, de los que hemos detectado más de 10 proyectos que buscan utilizar las aguas de los principales ríos. Cada uno de estos proyectos implica diversas obras, como el represar los ríos, desviarlos por varios kilómetros, establecer caminos de acceso, instalar torres y líneas de alta tensión, causando con todo esto perturbaciones graves en cauces y laderas, con la consecuente alteración de las cuencas. A pesar de las grandes alteraciones que estos proyectos representan a la naturaleza y a la vida de los pueblos que ahí habitamos, quienes promocionan estos proyectos los presentan como “sustentables” y de generación de energía “limpia”.
En todos los casos, los desarrolladores de los proyectos se presentan en las comunidades de manera sigilosa, ocultando a la población la información de las características de las obras y de los impactos que traerán. En contraparte, los habitantes de las comunidades han ido descubriendo la existencia de estos proyectos y entendiendo sus consecuencias, a partir de la organización, la investigación y la información. A modo de convencer a los pobladores para que acepten estos proyectos, se les ofrece empleo, la regularización y compra de sus terrenos, pequeños proyectos productivos o algunas obras comunitarias. Todo pareciera entonces un proceso de diálogo y negociación con las comunidades, pero esto muestra su verdadero rostro cuando los habitantes de las comunidades no están interesados en recibir esos beneficios a cambio del establecimiento de las obras en su territorio. Es ahí cuando el discurso no alcanza y se recurre a la descalificación, a la presión y a la amenaza. La Sierra se está llenando de esas historias, que bien podrían contarse a partir de las luchas que se están dando contra la imposición de proyectos hidroeléctricos, en municipios como Olintla, Zoquiapan, Xochitlán, Zapotitlán, Cuetzalan, Zacapoaxtla, Xochiapulco, Tetela o Teziutlán. Pero el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 es hoy el mejor ejemplo para refutar los argumentos con los que hoy se pretenden imponer los proyectos hidroeléctricos en la región.
La hidroeléctrica Puebla 1 es un proyecto que está a cargo de la empresa Deselec 1 y es desarrollado por Comexhidro sobre el río Ajajalpan, en los municipios de Ahuacatlán, Tlapacoya y San Felipe Tepatlán. La energía que se pretende generar estaría destinada a empresas ligadas al grupo Wal Mart1. Para intentar su construcción han venido gestionando desde hace más de siete años los permisos ante las instituciones de gobierno. Durante el 2015, la Secretaría de Energía emprendió una “consulta indígena” en comunidades de los municipios de Tlapacoya y San Felipe Tepatlán, sin considerar al municipio de Ahuacatlán, territorio sobre el que se pretende establecer el embalse del proyecto. Este proceso de consulta mostró serias irregularidades, alejándola de los principios rectores que definen a las consultas a los pueblos indígenas. Uno de estos principios establece que las consultas deben ser previas, algo que fue violado toda vez que la consulta inició varios años después de que el gobierno otorgó diversos permisos. Otro de los principios establece que la consulta debe ser informada y culturalmente adecuada, algo que no sucedió así, pues incluso las comunidades afectadas tuvieron que realizar solicitudes de información a las autoridades federales para conocer el propio protocolo de esta consulta, mismo que les fue entregado meses después de culminado el proceso. Estos, entre otros agravios, originaron que desde las comunidades afectadas emprendieran manifestaciones de rechazo a esta simulación de proceso consulta y al proyecto hidroeléctrico. Y a partir de esto se violó un principio más que establece que las consultas deben ser libres, pues en respuesta a la organización emprendida contra el proyecto hidroeléctrico, quienes intentan imponerlo han recurrido a la descalificación e intimidación de quienes se oponen, lo que se muestra en la existencia de 13 denuncias penales con delitos fabricados a opositores a la hidroeléctrica.
A pesar de eso, los pueblos se han mantenido en la lucha, y en abril de este año las comunidades indígenas totonacas de San Felipe Tepatlán, Altica y San Mateo Tlacotepec, presentaron una demanda de amparo en contra del proyecto hidroeléctrico, mismo que fue admitida por el Poder Judicial de la Federación, otorgando la suspensión de oficio y de plano. Esta acción jurídica ha resultado en un hecho sin precedentes y bastante efectivo para frenar esta obra, precedido de reacciones por demás interesantes. Por un lado, en el mes de junio Enrique Peña Nieto anunciaba ante la Cámara de Comercio e Industria de Québec, que la empresa canadiense Innergex –que se sabe ha estado asociada con Comexhidro2– estaría por anunciar una inversión para la construcción de una planta hidroeléctrica en Puebla. Al siguiente mes, Jacobo Mekler, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica (Amexhidro) y funcionario de Comexhidro, declaró al diario Reforma que las demandas de amparo interpuestas por las comunidades frenan el desarrollo, calificándolas como un riesgo. Estas afirmaciones fueron rechazadas por las comunidades que interpusieron la demanda de amparo contra la hidroeléctrica Puebla 1, quienes encontraron en su mensaje un intento por negar sus derechos y el acceso a la justicia de los pueblos.
Pero es en los tribunales en donde se han dado las muestras más claras por burlar el derecho del pueblo totonaco a la autodeterminación sobre su territorio. Ante el juzgado se han presentado supuestas actas donde se desisten quienes interpusieron la demanda de amparo, a la vez de otras en donde supuestamente habitantes de las comunidades en cuestión se presentaron ante el juez como interesados para solicitar que el proyecto hidroeléctrico no sea suspendido. Es interesante que en estos casos los pueblos que están en resistencia han detectado que dichos documentos se han levantado incluyendo a personas que niegan haberlos firmado.
En toda esta historia de resistencia los pueblos que están luchando en aquel lado del Ajajalpan se han ganado la admiración y la solidaridad de los demás pueblos serranos, a quienes nos orgullece su lucha.
Ahora, ante estos hechos de imposición, intimidación y eufemización de los proyectos de generación de energía, surgen nuestros cuestionamientos y reflexiones. ¿Por qué deben los pueblos y las comunidades indígenas aceptar estos proyectos energéticos en sus territorios? Desde el derecho a la autodeterminación de los pueblos que nos es consagrado en la nuestra Carta Magna, así como en los tratados internacionales que ha firmado el Estado mexicano, sostenemos que los pueblos no estamos obligados a soportar estos proyectos. ¿Acaso los pueblos y comunidades justifican la necesidad de una mayor infraestructura energética? Entendiendo nuestro modo de vida concluimos que no, nuestros pueblos no son quienes consumen esa energía. ¿Están obligados los pueblos a sentarse a discutir sobre los supuestos beneficios sociales por los proyectos energéticos? Nuestra conciencia nos dice que no, no hay nada que nos obligue a aceptar los proyectos y sus supuestos beneficios.
En conclusión, en este foro donde se pretende hablar de los “beneficios sociales” de los proyectos de energía, se omiten dos puntos fundamentales de la discusión. En primer lugar deberíamos preguntarnos ¿a quienes realmente beneficia la reforma energética? Desde las comunidades en resistencia hemos concluido que esta reforma solo beneficia a la iniciativa privada, que pretende despojarnos de nuestros territorios para establecer sus proyectos energéticos. En segundo lugar, se desconoce de facto que habemos pueblos y comunidades en resistencia, a quienes no nos seducen los falsos discursos de los beneficios sociales, ni nos doblegan las acciones reales de amenaza y represión. Y desde aquí les decimos ¡Fuera los proyectos de muerte de nuestros territorios! ¡Sí a los proyectos de vida de nuestros pueblos!
* Asesor de la Unión de Cooperativas Tosepan
- http://www.cre.gob.mx/documento/permiso/electricidad/E1067AUT2013.pdf
- http://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Subastas/28%20Resultados%20de%20Etapa%20de%20Precalificacion%20v2016%2003%2022.pdf