En recuerdo de Hugo Galindo Solís, mi hermano desde 1964 en la Prepa 7
“Que la sociedad se dé cuenta de las injusticias y nos siga apoyando. Estamos vivos y no pararemos. Nuestra lucha es justa”, dice Epifanio Álvarez, padre de Jorge Álvarez Nava, de 19 años cuando lo desaparecieron hace 730 días. Palabras exactas y doloridas antes de empezar la movilización de decenas de miles el 26 de septiembre en la Ciudad de México.
Don Epifanio incluso habló en el mitin del Zócalo y pidió que Enrique Peña Nieto sea juzgado por el caso de Iguala. Cuestión importante porque algunos atribuían al señor Álvarez que estaba contra los muchachos de la escuela normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, los cuales marcharon en esta como en otras ocasiones con los padres de los jóvenes que no han encontrado hace dos años.
Peña Nieto no escuchó el reclamo. Antes se trasladó a Colombia como testigo para la firma de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Otro viaje. Y allá dijo que el Estado necesita “saber qué ocurrió ahí” (en Iguala), aunque no hay avances, ni sentenciados, ni autoridades importantes detenidas (sic logorréico).
Para Felipe de la Cruz, vocero de los progenitores valientes, no se necesitan más discursos, sino recurrir a la ciencia para determinar en dónde están los jóvenes guerrerenses; Tomás Zerón debe ser sancionado por sus torpezas y engaños; basta de nuevos peritajes maquillados; son dos años de tormento y sufrimiento. Al inquirirle acerca de lo que escrito por Ricardo Alemán (Milenio, 26 de septiembre) acerca de los 43, dijo: “Es un periodista pagado por el gobierno”.
La marcha congregó a la CNTE, politécnicos, algunos sesentayocheros- uno muy excitado dijo que lleva décadas pidiendo justicia-, universitarios, normalistas, telefonistas (de chamarras verdes), SME, Stunam y hasta los de La Sexta (EZLN).
Hubo además, movilizaciones en 12 estados, de Chiapas a Chihuahua, y hasta una en El Paso Texas, antes del debate Hillary- Trump.
Se dijo que la Comisión de la Cámara de Diputados que debería haber indagado qué ocurrió en Iguala, no se ha reunido en una sola ocasión en más de año y medio (sic con modorra).
El Paseo de la Reforma, donde se hizo una manifestación contra Peña Nieto en la campaña presidencial de 2012, ha cambiado, qué duda cabe. Nuevas torres muy altas, edificios con restaurantes exclusivos, empleados de transnacionales que se asoman, ejecutivos de firmas que seguramente están inmiscuidos en los Papeles de Panamá o los de Bahamas o en la lista que investigó Fundar de los exentos de pagar impuestos por el SAT. Algunos de ellos nos ven como hormigas extrañas pero necesarias, desde el piso veintitantos. Algunos edificios, por cierto, cubiertos con vallas metálicas movibles.
Abajo, los más amolados económicamente, aunque dignos y sin mostrar cansancio ni sentirse derrotados corean: “Quisieron desaparecerlos y aparecieron por todo el mundo”. Algo que saben los representantes peñanietistas en el exterior. Ojo, Claudia Ruiz Massieu.
Niños en muy diversos contingentes, enseñando letras con la palabra “Justicia”, unos; y otros, lanzando globos o mostrando cartulinas con sus papás al lado.
Carlos Puig se mueve con su equipo de televisión y es abordado por el periodista Víctor Ronquillo, quien lo entrevista y manda desde su celular un mensaje del encuentro (el nuevo periodismo).
La Federación de Estudiantes Campesinos Socialista de México, fundada en 1935, reparte un volante donde señala: “Aclaramos que nuestra lucha es en contra del gobierno y no contra la sociedad por lo cual las acciones emprendidas no perjudicarán al pueblo mexicano”. Ello porque, como casi siempre, algunos llamados anarquistas hacen desmanes.
En la revista Proceso (número 2082), encontramos dos artículos acerca de la probabilidad que el Batallón 27 de Iguala tenga conocimiento de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014. En uno, Anabel Hernández, basándose en el testimonio de César Nava, subcomandante de la Policía Municipal de Cocula, señala como el mencionado batallón militar tenía el mando y el control de lugar. Y en el otro, Témoris Grecko, informa como el general de brigada Alejandro Saavedra, con un sinuoso historial, fue ascendido a general de división “Un día después (que), los 43 estudiantes cumplieron ocho semanas de desaparecidos”.
Otra versión, refutada por los voceros oficiosos, es que los involucrados en el secuestro sean los que siembran y venden goma de opio, como lo señala José Reveles en el libro: Échale la culpa a la heroína (Grijalbo). Y aquí puede estar metido un sujeto al que apodan, El Patrón, un cacique de Huitzuco, presumiblemente Rubén Figueroa.
Nuevas pistas de un asunto que el gobierno federal no quiere resolver, el cual sigue adelante sin desmayo como lo demostró la gran marcha del 26 de septiembre.