Organismos como La Casa del Periodista, el Centro de Investigaciones sobre Propaganda y Opinión Pública (CIPOP) y la Barra Libre de Abogados Democráticos de Puebla (BLADP) exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que no fabrique “chivos expiatorios” en las investigaciones sobre el asesinato del periodista Aurelio Cabrera Campos, director de El Gráfico de la Sierra.
Luego de que ayer por la noche la dependencia local dio a conocer que el principal sospechoso del homicidio es otro informador, y que se sospecha de Juan Pedro Garrido Juárez, director de La Voz de la Sierra, Claudia Martínez Sánchez expresó: “Hasta el momento no hay pruebas de nada, no se han presentado las evidencias “.
Consideró que la Fiscalía General del Estado no da garantías en las indagatorias, por lo que éstas deben ser atraídas por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Procuraduría General de la República.
Luego criticó al fiscal poblano Víctor Antonio Carrancá Bourguet: “Carranca muestra una gran angustia por salir en medios nacionales previo a la protesta nacional para limpiar a tiempo la imagen de la Fiscalía y del gobernador. En las declaraciones a medios nacionales fue muy cuidadoso y evitó mencionar que se trataba de un periodista señalado como autor intelectual y material del crimen”.
Criticó que la Fiscalía General del Estado “ha filtrado de manera irresponsable, a través de sus medios a modo, información que da por hecho la aprehensión del asesino”.
Agregó que los familiares de Juan Pedro Garrido Juárez le informaron que había agentes de la Policía Ministerial afuera de su casa.
Recordó que ayer hubo movilizaciones en diferentes entidades del país, incluida la Ciudad de México: “Hoy fue la primera protesta nacional; daremos la batalla porque habrá otra; el país debe saber que los periodistas poblados no tenemos garantías para ejercer el libre periodismo, debe saber que Moreno Valle no garantiza a ningún periodista de este país la libertad de prensa ni la libertad de expresión”.
Martínez Sánchez dijo estar a la espera de la respuesta pública del gobernador a la carta abierta que firmaron más de 200 periodistas del país y que fue dada a conocer a principios de esta semana.
Por otra parte, Juan de Dios Varela Marino, presidente de la BLADP, coincidió con Claudia Martínez: “No se puede creer en nada que haga la FGE, desde que mintió y falseó las investigaciones en el caso del niño de Chalchihuapan, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, como lo demostró la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así que si ahora dicen que otro periodista fue el asesino, pues habrán de demostrarlo porque, de entrada, sus hipótesis nacen en el descrédito. Es mejor que investigue la Feadle”.
A nombre del CIPOP, Brenda López Suárez expresó: “Sorprende mucho la diligencia que tiene la Fiscalía en la resolución de este caso, pero lo que deja en completo desaseo las investigaciones son las filtraciones que se aprecian en medios de comunicación sobre la supuesta detención de otro periodista como culpable, del asesinato. Eso enturbia mucho las cosas; creemos que es mejor que la Feadle investigue, para darle certidumbre a las diligencias”.
Martín Hernández Alcántara