El ornitólogo Martín Camacho Morales, logró la nulidad de la multa por 168 mil pesos que le había impuesto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con lo que también fueron echadas abajo las acusaciones de maltrato y tráfico de especies que se le formularon de manera anónima para que el gobierno de Rafael Moreno Valle le arrebatara la custodia de lo que era el aviario de Puebla.
La sentencia fue emitida por la Segunda Sala Regional Oriente del Tribunal Fiscal de la Federación, según dio a conocer el abogado ambientalista, Rafael Rodríguez Moreno, quien acompañó ayer al pajarero a una rueda de medios que ofreció junto con otros ambientalistas, activistas, periodistas ambientales y defensores de derechos humanos.
Ahora, anunció Rodríguez Moreno, Martín Camacho, las organizaciones y activistas que lo han respaldado desde que fue despojado del domo, tramitarán un juicio para obligar a la dependencia federal a que devuelva los casi 300 ejemplares de fauna silvestre que estaban en el Parque Ecológico Revolución Mexicana.
La demanda también abarcará al Poder Ejecutivo que encabeza el panista, Rafael Moreno Valle Rosas, quien deberá entregar sanos y salvos 884 animales domésticos que hasta septiembre de 2014 estaban al cuidado del ornitólogo y cuyo paradero oficialmente se ignora.
Sin embargo, los acompañantes de Camacho en la rueda de esta mañana -la periodista ambiental, Pame Tajonar; el defensor de derechos humanos, Luis Soriano; los ambientalistas Zvezda Ninel Castillo Romero y Raúl Cuellar- consideraron casi imposible que tanto la Profepa como la gestión morenovallista puedan cumplir con la demanda, si ésta triunfa en tribunales, pues aseguran tener información de que todos los animales fueron sacrificados.
Para sustentar la multa contra el pajarero, la Profepa lo acusó de no haber acreditado la legítima procedencia de algunos de los pájaros que recibió y cuidó por 23 años como custodio del desaparecido Aviario del Parque Ecológico Revolución Mexicana.
Como se recordará, en febrero pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente fijó una multa por 168 mil 225 pesos Camacho Morales, quien estuvo al frente del Aviario del Parque Ecológico Revolución Mexicana durante 23 años, sin recibir un solo peso de la autoridad.
La dependencia federal acusó al pajarero de violar la Ley General de Vida Silvestre, al no comprobar con cartas de donación y notas de venta–remisión la procedencia legal de algunas aves.
El aviario funcionó por 23 años en Puebla y fue albergue incluso de aves entregadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, donde llegaron a habitar al menos mil 200 pájaros de 136 especies, un mono y otros animales.
El calvario de Martín Camacho
La dependencia federal pretextó que la multa y el decomiso de aves se derivó de una inspección efectuada del 24 de septiembre al 1 de octubre de 2014, en respuesta a supuestas denuncias ciudadanas por presunto maltrato y tráfico de plumíferos exóticos.
El 9 de febrero del año pasado la Profepa notificó a Martín Camacho Morales de la resolución del procedimiento administrativo iniciado por dicha dependencia en su contra.
En éste se establecía que incurrió en las infracciones establecidas en el artículo 122, Fracciones II y X de la Ley General de Vida Silvestre, lo que derivó en una multa por 168 mil 225 pesos.
Asimismo, se ordenó el decomiso de 105 ejemplares de fauna silvestre.
La delegación federal indicó que su actuación se centró en verificar: el estado físico de las aves y su legal procedencia; los documentos del establecimiento, con el fin de corroborar si cuenta con la autorización correspondiente para manejar dichos ejemplares, y el inventario de las especies y ejemplares que se encuentran en dicho recinto.
Tiempo después se supo que el desalojo de las aves ejecutado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el gobierno estatal, con el aval del zoológico Africam Safari, se realizó en condiciones tan poco profesionales y deplorables que las aves fueron bajadas a pedradas del domo.
En marzo de 2014 la dependencia federal admitió que 23 de las 316 aves exóticas que por ley debía proteger fallecieron “de muerte natural”, “antes”, durante y después del traslado que se hizo del aviario del Parque Ecológico Revolución Mexicana al Parque Flor del Bosque, descartando que los fallecimientos hayan sido resultado de negligencia en la reubicación.