En las zonas de mayor expulsión y retorno de migrantes del estado, uno de cada 10 niños son desnacionalizados, lo que les impide tener acceso a servicios básicos como salud y educación, así como a los beneficios de programas sociales, de acuerdo con el Sexto Reporte en Migración del Observatorio Ciudadano sobre Políticas Públicas para Migrantes–Puebla.
El problema “es muy fuerte”, manifestó Amanda Georgina González Ochoa, coordinadora del Programa de Migración, Desarrollo y Ciudadanía Binacional Iniciativa Ciudadana que participó en la elaboración del estudio, pues dijo que esos menores de edad se encuentran “en un limbo administrativo” que les impide hacer valer sus derechos.
Explicó que la presencia de desnacionalizados se detectó en un 10 por ciento de la población de niños en los municipios de Atlixco, Cuautlancingo, Huaquechula, Izúcar de Matamoros, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, en donde se focalizó el análisis.
Deportación y crisis financiera, origen del problema de desnacionalizados
El problema surge debido a que los menores nacieron en Estados Unidos, pero al formar parte de familias de migrantes indocumentados no se reclamó su nacionalización. Al ser repatriados al estado, carecen de papeles que acredite su origen, expuso la especialista.
Cuando nos referimos a la falta de documentos oficiales estamos hablando específicamente de acta de nacimiento emitida por el departamento de salud del estado correspondiente y la apostilla respectiva de las autoridades estatales de Estados Unidos, apuntó por su parte Abel Gómez Gutiérrez, investigador del Área de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Nayarit, en el artículo “Los desnacionalizados temporales: menores mexicano–americanos en México” que forma parte del reporte.
El investigador aclaró que el problema es circunstancial, porque “ningún padre o madre mexicana estaba pensando en la deportación o en la crisis financiera que les obligó a regresar a México”.
Además, agregó, “muchos de los migrantes no sabían el proceso a seguir para tramitar la binacionalidad mexicana–americana, por lo tanto nunca se preocuparon por registrar a sus hijos en los consulados mexicanos o en tramitar un acta de nacimiento.
Trámites engorrosos y poco presupuesto público
González Ochoa indicó que la desnacionalización es temporal, porque la familia se ve obligada a llevar a cabo los procedimientos necesarios para registrar a sus hijos para tener acceso a salud, educación y beneficios sociales, pero el trámite suele demorar hasta dos meses, dificultando con ello la adaptación del menor a su nuevo entorno social.
Aunado a eso, prosiguió, hablamos del poco apoyo que históricamente las administraciones han dedicado para reducir los déficits en materia de derecho a la identidad, a través de la puesta en marcha de políticas públicas que generen una evolución en procesos burocráticos, administrativos y sociales.