Ante los rumores de que el ISSSTEP se fusionará a los Servicios de Salud del Estado de Puebla, Leobardo Soto Martínez, presidente de la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social del Congreso local, anunció que convocará a las autoridades estatales en la materia para que aclaren dicha situación.
El objetivo de la reunión con los funcionarios, apuntó el representante popular del PRI, será indagar los planes que tienen para el instituto que brinda seguridad social a más de 70 mil docentes y burócratas de Puebla.
En entrevista con La Jornada de Oriente, aclaró que el Congreso no tiene conocimiento hasta el momento de ninguna iniciativa que pretenda incorporar al ISSSTEP a los Servicios de Salud, por lo que sugirió a los trabajadores sentirse “tranquilos”.
Hospital para el Niño Poblano, el antecedente de la fusión para el ISSSTEP
Con la entrada en vigor del sistema universal de salud el lunes pasado, los trabajadores del ISSSTEP temen que les ocurra lo mismo que a sus pares del Hospital para el Niño Poblano, cuyo sindicato y Contrato Colectivo de Trabajo desapareció con la aprobación de un decreto que impulsó el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas en 2014.
Personal del instituto de seguridad social, que pidió la gracia del anonimato, aseguró que los cambios iniciaron en mayo de 2015 con la licitación de servicios para que sean asumidos por la iniciativa privada, de acuerdo con una nota informativa publicada el lunes pasado en este diario.
Según la denuncia de los trabajadores inconformes, la Secretaria de Finanzas y Administración (SFA) del estado licitó para el ISSSTEP el servicio integral de atención médica de urgencias, atención médico-quirúrgica, hospitalización, laboratorio de análisis clínicos y ultrasonografía diagnostica, situación que consideraron la antesala de una privatización.
En marzo de 2014, el Congreso aprobó el decreto que modificó la figura jurídica del Hospital para el Niño Poblano con la finalidad de que dejara de fungir como un organismo público descentralizado, pues eso permitió su incorporación a los Servicios de Salud del Estado.
El Poder Legislativo avaló el proyecto por mayoría de votos en medio de una protesta de sindicalizados, quienes acusaron que la intención del cambio era desaparecer la organización gremial que en ese entonces encabezaba Mónica Valencia Serrano, en detrimento de 700 trabajadores, quienes representaban casi 90 por ciento de la planilla laboral.